La resolución judicial se da coincidentemente tras la visita del coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew, quien llego al país para enfatizar como prioridad el combate a la corrupción y a la impunidad en Paraguay.
Según la jueza, pasaron más de 5 años desde el último acto interruptivo de la prescripción; es decir, de la acusación planteada por el Ministerio Público. De estos, estuvo seis años en la Sala Penal de la Corte para un conflicto entre dos jueces.
Fueron favorecidos con el fallo, el ex titular de la EBY Enrique Virgilio Cáceres Rojas, a más de los coprocesados Agustín Miguel Saguier Abente, Rubén Darío Paredes Escobar, Mariela Alejandra Vázquez Perret, Walter René Rotela López, Mirna Tomasa Ortiz Goldner y Arsenio Ferreira Gutiérrez. Además, también fueron beneficiados con la resolución de la magistrada, Carmen De La Cruz Benítez Ruiz Díaz, Gerónimo Ortiz, Ricardo Fleitas Ortiz, María Eusebia Centurión de Fleitas y César Alfredo Silvero Álvarez.
LA CAUSA. En el caso, la imputación se presentó el 28 de octubre de 2015, por el ex fiscal René Fernández, en contra de varias personas, entre ellas, el ex titular de Yacyretá, durante los años 2012 y 2013, Enrique Cáceres Rojas.
El ex titular de la EBY Juan Alberto Schmalko, durante el gobierno de Horacio Cartes, denunció a su predecesor, a varios abogados de la entidad y a los beneficiados con obras sociales, con un presunto perjuicio de G. 9.860.000.000.
La acusación fue presentada el 29 de octubre de 2016, por las fiscalas Claudia Morys y Victoria Acuña, que no presentaron las evidencias.
Poco después, la defensa de uno de los procesados presentó un pedido de nulidad de actuaciones ante el entonces juez Paublino Escobar, que fue rechazado. Esto, fue apelado, y el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, anuló el fallo del magistrado.
Ante esto, Escobar se inhibió y el caso pasó al ahora ex juez Óscar Delgado, que impugnó la inhibición. El caso llegó a la Corte, que recién el año pasado, la Sala Penal resolvió la cuestión.
Además, el Tribunal de Apelación Penal, el 12 de octubre del 2023, resolvió declarar inoficiosa la impugnación del juez, ya que tanto Paublino Escobar como Óscar Delgado dejaron de ser jueces.
Así, el expediente llegó a la jueza Lici Sánchez el 24 de octubre de 2023, tras siete años, desde el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, sin que haya habido recusación ni otra cuestión de parte de la defensa.
En el análisis de la jueza cita los artículos relativos al caso. Explica que en la causa, la pena por lesión de confianza es de 6 meses a 5 años. Señala que tras cada interrupción corre de nuevo el plazo.
La jueza Lici Sánchez aclaró en su resolución que “el hecho de haber prescripto la causa penal por el transcurso del tiempo no es obstáculo legal para que la parte denunciante, la Entidad Binacional Yacyretá, accione civilmente”. Considera que la prescripción en lo penal no afecta a la acción civil derivada del delito. Afirma que la doctrina establece que el proceso penal interrumpe la prescripción de la reclamación civil a todos los perjudicados.
