Para la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, con esto se sienta un precedente peligroso que puede dar pie a revertir decisiones, que no favorecen a un sector, sobre proyectos importantes.
Hasta el momento, no se sabe cuál será el destino del proyecto, ya que luego de contabilizarse 26 votos positivos y 29 negativos, el presidente en ejercicio, el liberal Enrique Mineur, anunció que el documento quedaba rechazado y se devolvía a la Cámara de Senadores. Pero luego los cartistas Rocío Abed, Cristina Villalba, Avelino Dávalos y Del Pilar Medina pidieron que sus votos sean rectificados, con lo que se aprobaba la propuesta con modificaciones, al sumarse 30 votos, pese a que se había pasado ya a otro tema en ese entonces.
Los opositores ahora se preparan para lo que pueda pasar en la siguiente sesión, ya que cuando se produjeron las confrontaciones entre los que se negaban a la rectificación y los que no, se decidió que se iba a volver a votar, pero la sala quedó sin cuórum. González aclaró que una nueva votación solo podrá darse entre los que estuvieron presentes durante el tratamiento del proyecto.
La legisladora resaltó que con esto “se altera el funcionamiento de la democracia y de un Parlamento serio”.
“Estamos abriendo una canilla peligrosísima para cualquier otro proyecto”, manifestó González al referir que cuando el sector interesado no estuvo conforme con el rechazo, operó “por WhatsApp” para que se apruebe el proyecto.
En tanto que la liberal Celeste Amarilla indicó que la gravedad del caso radica en que existe compra de votos entre diputados. “Acá se venden votos, acá se ofrece plata para los votos”, acusó.
Del Pilar Medina consideró la acusación como una ofensa y pidió respeto hacia sus colegas.
COIMA. La diputada González acotó que además este proyecto se presta a la coima, ya que no se necesita una ley que obligue al uso de mascarillas y que establezca multas para los infractores cuando pueden reforzarse las campañas de concienciación.
Igualmente, Amarilla consideró que para obligar al uso de mascarillas no se necesitaba de una ley sino solo un instrumento menor, como una ordenanza.
“No estamos en contra, pero basta toda la información que se ha difundido de las instituciones pertinentes para el uso de tapabocas. También encontramos que es una disposición de cumplimiento imposible; plantea el cobro de multas, pero no sabemos quién cobrará dichas multas; no son las medidas que necesitamos para parar la pandemia, necesitamos medidas de concienciación”, concluyó.