Carreras que evaden controles de calidad están plagadas de déficits

A la hora de optar por una carrera universitaria, más si corresponde a áreas sensibles como de Salud, Arquitectura, Derecho o alguna rama de la Ingeniería, es clave revisar con anticipación si lo que se está por elegir cuenta con la certificación que otorga la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Las ofertas que carecen de este sello de calidad padecen de una serie de anomalías o falencias y, justamente, por esa razón las autoridades de esas universidades o institutos superiores en cuestión evitan siquiera inscribirlas a las convocatorias que la agencia realiza dos veces al año. O bien, anotan a sus carreras a los procesos de control y luego abandonan por el camino.

Un informe de la Aneaes reveló que aproximadamente el 70% de 486 carreras de las áreas de Derecho, Arquitectura y de Ingenierías –que se ofrecen a nivel país– no cuentan con acreditación que certifique que cumplen con los requisitos mínimos de calidad. Y, lo que es peor, la mayoría ni siquiera fue sometida a los procesos que realiza la agencia con fines de verificar el funcionamiento de esas ofertas académicas.

Rubén Galeano, presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay (Conap), se desempeña también como par evaluador de la Aneaes y describe lo primero que salta a la vista cuando están frente a carreras que no reúnen las condiciones mínimas de calidad.

“Las principales falencias que se evidencian con las carreras de Derecho son: La falta de actividad en materia de extensión universitaria; la falta de compromiso con la investigación científica; también hay falencias en cuanto a bibliotecas, publicaciones de investigación. Son aspectos que evidencian la calidad de educación que se imparte”, enumera.

A su vez, en su calidad de docente le consta –dice– que existe otro factor importante y que muchas veces no se refleja en los informes y “es que se paga muy poco a los docentes de Derecho por las horas cátedra que imparte”.

Por ende, los profesionales destacados del área no se dedican a la educación de la enseñanza en estas instituciones; por lo que tienen docentes recién egresados, sin condiciones de experiencia y de didáctica para poder impartir los conocimientos”, remarca.

Esa es una debilidad común en aquellas ofertas académicas que evaden la acreditación y se da “no porque no haya profesores capacitados en el mercado, sino que como las instituciones privadas no pagan bien a los profesores, toman por docentes a personas no capacitadas”.

Desactualizados. Por otro lado, las carreras se desarrollan con mallas curriculares y contenidos programáticos de algunas materias que están “muchas veces desfasados”, dice, y añade: “La ciencia jurídica es una ciencia en constante evolución y, por ende, también el contenido de sus programas y de las materias que se imparten tienen que estar actualizados”.

“Esos aspectos, sumados a la falta de una buena biblioteca o de acceso a fuentes de información confiables, ya sea por medios digitales o físicos, hace que la formación en general de nuestros abogados no esté a la altura de los requerimientos de la ciudadanía”, sostiene.

Las carreras que acreditan cumplieron con las condiciones mínimas.

Pero las que no, tienen algunas de estas cuestiones mencionadas más arriba. En lo tocante a las disciplinas médicas, a su vez, también quedó expuesto que las ofertas sin certificación –o que no son evaluadas– tienen serios déficits de infraestructura y en cuanto a la formación práctica de los alumnos.

“La no acreditación es el resultado de una suma de debilidades encontradas en la implementación de la oferta académica conforme a los indicadores de las cinco dimensiones del Modelo Nacional, no es atribuible a una sola causa y se debe a la ausencia de evidencias que demuestren el cumplimiento de los criterios de calidad”, suscribe Raúl Aguilera, directivo de la Aneaes.