Se trata de Carmen Martínez Vera, quien a pesar de estar imputada continúa como si nada en el cargo de administradora de colonias, en la oficina del Indert en Caaguazú.
La mujer está sumariada por un caso similar en el que también fue imputada por el Ministerio Público, según trascendió. Pero, llamativamente, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, ni siquiera la separó del cargo.
El director del ente agrario en Caaguazú, Milner Mendieta, confirmó a ÚH que la mujer no fue separada del cargo.
El pasado 20 de febrero, la fiscala Viviana Duarte Bojanovich, de la Unidad Penal Nº 2 de Coronel Oviedo, formuló imputación en contra de la funcionaria del Indert por los supuestos hechos punibles de estafa y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
El pasado 5 de marzo, el juez César Narváez, de Coronel Oviedo, resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva sobre la mujer. Se dispuso que comparezca entre el 1 y el 5 de cada mes ante la secretaría del Juzgado de la causa, además de la prohibición de salida del país.
Se estableció la fianza en la suma de G. 50 millones al abogado Carlos Ortega Portillo, con relación a la imputada.
EL CASO. Vidal Cañete Jara es quien la denunció. De acuerdo con la denuncia, el mismo pagó la suma de G. 38.500.000 a la funcionaria por trámites de adjudicación y titulación de un lote de 20 hectáreas en la colonia Cecilio Báez, del distrito que lleva el mismo nombre.
Siempre según la denuncia, la hoy imputada inclusive se comprometió en entregar en un plazo no mayor a 30 días el certificado de adjudicación y el título de propiedad del lote en cuestión.
El denunciante, en el mes de octubre de 2016, pagó a Carmen Martínez Vera la suma de G. 10 millones, recibiendo de manos de la mujer un certificado de ocupación de inmueble antedatado de fecha 20 de junio de 2016, así como un plano de la propiedad, al momento de hacerle firmar una solicitud de inmueble de fecha 10 de julio de 2016.
Según denunció Cañete Jara, posteriormente hizo entrega a la funcionaria de la suma de G. 28.500.000, como cancelación del pago por el terreno.
Pasó el tiempo y la funcionaria del Indert no entregó ningún documento, a pesar de innumerables pedidos de Cañete. Ante las negativas por parte de la imputada, el hombre acudió a la oficina central del ente agrario, donde consultó sobre el lote que pretendía y se le informó que ya se encontraba titulado a nombre de otra persona, desde el 13 de marzo 1980.
Es más, la solicitud de compra del inmueble por Vidal Cañete nunca ingresó en el sistema informático de la institución.