Para los empresarios del rubro de canchas sintéticas el decreto emitido por el Poder Ejecutivo que prohíbe el fútbol amateur hasta el 3 de enero “es el último tiro de gracia que le faltaba al sector”, sostuvo el abogado Diego Lansac.
El representante del gremio informó este lunes en sus redes sociales que recibió la orden de presentar la quiebra de 150 empresas y también le encomendaron la redacción de 253 cartas de despido de empleados ligados a las firmas.
Sin embargo, la presentación de estas quiebras será pospuesta hasta tanto finalicen las conversaciones con el Ministerio de Trabajo, informó el viceministro de Empleo y Seguridad Social, Dany Sánchez, tras una reunión con el abogado.
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Sánchez comunicó que se tendrían otras conversaciones este martes y miércoles con el gremio atendiendo a que unos 5.000 empleos directos están siendo afectados.
Por su parte, Lansac recordó que el sector formal de las canchas sintéticas estuvo 8 meses con facturación cero, ya que fue uno de los últimos rubros a los que se les permitió reabrir. “Apenas el 16 de noviembre abrieron y hoy a 30 días se les vuelve a cerrar con todo el peso que comercialmente esto conlleva”, señaló.
Agregó que las firmas sienten que no tienen la capacidad de honrar su deuda para proveedores y salarios, “lamentablemente ya no pueden seguir en esta situación y sobre todo manifiestan la terrible injusticia”, indicó.
Dijo que incluso durante toda la pandemia se jugó futbol “en la plaza, en el baldío, en los domicilios particulares”, pero que se les está castigando a los que tienen asegurados a sus funcionarios, a los inscriptos en el Ministerio de Trabajo.
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“Se permiten aglomeraciones en los micros pero nos piden que solo jueguen personas del mismo núcleo familiar. Que no se vendan bebidas alcohólicas y que no haya tercer tiempo, pero basta con que vayan a la bodega de enfrente y ahí no hay prohibición”, denunció.
Lamentó que se haya luchado 8 meses por la reactivación económica del rubro y que este apenas haya durado 40 días. “Su único pecado (del sector) es ser formal y pagar impuestos”, comentó.
Asimismo, reconoció que “hay otro grupo que consultó sobre los alcances jurídicos que tiene no acatar el decreto y violar las medidas sanitarias, considerando que no es un delito llevar el pan a las mesas”.
