Los labriegos fueron desalojados el martes de la estancia Panambi, propiedad de Gustavo de Gásperi, donde ocupaban más de 500 hectáreas.
Según indicaron los dirigentes apostados en el lugar desde ese día no tienen un lugar donde llevar las escasas pertenencias que lograron rescatar, ni tampoco víveres para alimentar a sus familias.
Una de las afectadas, Marisol Ortiz, lamentó que ninguna autoridad se acercó a las familias para ofrecerles una salida a su desesperante situación.
El padre Lucio Vargas pidió la colaboración de aquellos que puedan donar alimentos a las familias apostadas a la vera de la ruta, que suman casi 1.000 personas en total.
“Hay muchas criaturas que no tienen qué comer; tiraron las escuelas, destruyeron sus cultivos, sus casas, todo”, lamentó.
Señaló que los fiscales “actuaron de forma arbitraria e ilegal” porque las 7.000 hectáreas se encuentran en disputa judicial aún.
La propiedad fue ocupada hace más de un año y se encuentra en litigio judicial entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el abogado De Gásperi.
Una comitiva, encabezada por los fiscales Alfredo Mieres y Luján Estigarribia, de Santaní, y alrededor de 400 policías apoyados por un helicóptero de la institución llegaron hasta la estancia Panambi el martes pasado y destruyeron unas 300 viviendas, pero ya no encontraron campesinos adentro.