El dinero del narcotráfico es un factor que pone en peligro el estado de derecho y la democracia. La situación actual, con todos los vínculos del narcotráfico con políticos expuestos de manera tan irrefutable, debe ser motivo de alarma.
Es más que evidente que la Ley de Financiamiento Político no cumple en realidad su cometido, pues no permite rastrear la trazabilidad del dinero utilizado durante las internas de los partidos políticos, y es en estas internas precisamente donde el dinero sucio fluye con mayor intensidad e impunidad. Como lo ha advertido más de una vez la organización civil Semillas para la Democracia, el desbloqueo de listas solo ha beneficiado a quienes más dinero tienen. Y es precisamente de este desaguisado de donde salen electos nuestros representes en el Congreso.
En las últimas dos semanas el país entero ha presenciado con cierto estupor el desarrollo del Operativo A Ultranza PY, la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas, en el marco de tareas de inteligencia coordinadas con la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU o Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés), la Europol con sede en La Haya, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) de la Policía de Uruguay, en coordinación con el Ministerio Público.
El resultado de la incautación, inmuebles lujosos, camiones, tractores, vehículos de alta gama, motocicletas, embarcaciones, miles de cabezas de ganado, aeronaves y armas de fuego, exponen el poderío del mundo del lavado de dinero y del tráfico. Dejan al desnudo al mismo tiempo la obscena ostentación de la organización criminal.
Sin embargo, el aspecto más preocupante ha sido el descubrimiento de los vínculos directos e innegables de políticos con el mundo del narcotráfico.
Entre los ocho detenidos desde el inicio del operativo figura un ahora ex diputado colorado, quien además, según avanzan las investigaciones, había utilizado nada menos que una entidad cooperativa para el lavado de dinero.
Pero, paralelamente a los probables nuevos hechos que salgan a la luz con el Operativo A Ultranza Py, también deben ser investigadas concienzudamente las denuncias realizadas en el pleno de la Cámara Baja por la diputada liberal Celeste Amarilla, quien había trazado los vínculos entre una docena de presuntos narcos y conocidos políticos.
La vinculación del esquema narco con políticos, así como su infiltración en el Estado, utilizando las instituciones como herramientas para lavar el dinero sucio, a través de licitaciones para proveer al Estado, con empresas de fachada, implica que el dinero del narcotráfico y del crimen organizado ha jugado un papel preponderante en la política, y eso sin dudas es un factor que pone en peligro el estado de derecho y la democracia.
La Cámara de Diputados no puede ser una guarida en la que encuentren amparo los grupos criminales. Se impone un proceso de depuración hasta que se limpie este poder del Estado de la infamia que deshonra la democracia.