Con 30 votos por el rechazo y 26 votos a favor, la Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de declaración que instaba al Poder Ejecutivo a destituir al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.
Durante el debate, el diputado Raúl Benítez sostuvo que la permanencia de Carvallo al frente de la banca matriz pone en duda la institucionalidad, debido a su anterior vínculo con la financiera ueno y a las decisiones adoptadas por el BCP en favor de la entidad, según sus declaraciones.
Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera respaldó el planteamiento y afirmó que se debe recuperar la credibilidad de la institución. También señaló que varias personas vinculadas al sector tendrían participación accionaria directa o indirecta en ueno.
El diputado Alejandro Aguilera manifestó su oposición al proyecto. Pero, finalmente, la iniciativa fue rechazada.
De acuerdo con el documento, el argumento para solicitar la destitución de Carvallo expone que, al cierre de abril de 2026, las operaciones crediticias de ueno bank con MOWI SA, Grupo M y Grupo Hendy SA alcanzaban G. 743.784 millones, equivalentes a aproximadamente USD 123 millones.
El monto representaba alrededor del 30% del patrimonio efectivo del banco, frente al límite regulatorio del 20%. La diferencia equivalía a unos USD 41,5 millones.
El proyecto señala que el BCP sostuvo posteriormente que el exceso fue corregido dentro del plazo legal y que la cesión de cartera realizada por la entidad era válida para el cómputo de la exposición crediticia. Sin embargo, Benítez solicita esclarecer los fundamentos jurídicos y técnicos utilizados para evaluar el incumplimiento inicial y determinar si correspondían otras medidas regulatorias.
La iniciativa también menciona el memorando del 10 de julio de 2026, atribuido a Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión del BCP.
Según el documento, el memorando contenía observaciones sobre las operaciones crediticias con empresas vinculadas y cuestionamientos al uso de una cesión de cartera para corregir los excesos regulatorios.