El Ministerio de Hacienda publicó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) 2022, documento en el cual se abordan los principales temas fiscales en el corto y mediano plazo, como ser los balances presupuestarios, proyecciones macroeconómicas, estimaciones de cierres, inversiones y proyectos de reformas, entre otros.
En esta versión del reporte, la cartera incorpora un apartado donde expone los datos resultantes del último análisis actuarial hecho a la Caja Fiscal y explica lo que se viene en el futuro cercano.
El estudio indica que el déficit de la previsional estatal cerraría este año en USD 184 millones, superior en 23% a los USD 150 millones registrados en el 2020.
Prosigue señalando que, si bien las reservas llegan hoy a los USD 395 millones, la alta fragmentación del sistema jubilatorio público, con diferentes esquemas de aportes y privilegiados retiros en algunos regímenes, principalmente, irá acrecentando ese saldo rojo hasta llegar a la friolera suma de USD 3.535 millones en el 2029 (ver la infografía).
Con este panorama, el análisis confirma los datos preliminares expuestos hace unos meses por Hacienda: En 2026 se agotarían las reservas de la Caja Fiscal.
“Luego de casi 20 años (de la gran crisis fiscal en 2003 y las consecuentes reformas), esta situación vuelve a repetirse, la situación financiera de la Caja Fiscal se acerca de manera peligrosa a un periodo crítico (…) En el próximo quinquenio, las reservas de la Caja depositadas en el BCP podrían agotarse, de no realizarse las reformas necesarias”, expresa el documento.
Diálogo. Ante esta situación alarmante, el Ministerio de Hacienda subraya que es urgente la realización de una reforma del sistema jubilatorio público.
La cartera fiscal afirma que, sobre la base de la literatura y las evidencias empíricas, esa reforma debe estar basada en ajustes a los parámetros actuales, tales como los años de aporte, tasas y edad de retiro, entre otros. En la actualidad, si bien todos los funcionarios del Estado aportan el 16% de sus ingresos, los maestros pueden jubilarse a los 45 años, mientras que los militares y policías ni siquiera tienen una edad mínima. El resto de los funcionarios, debe esperar hasta los 62 años.
La cartera reconoce que este tipo de modificaciones requiere de un gran consenso, ya que implicaría “sacrificios” de todos los sectores.
“Atendiendo la alta sensibilidad de estos temas, para el éxito de toda reforma del sistema jubilatorio, es crucial generar amplios consensos entre todos los sectores, partiendo del reconocimiento de la difícil situación actual y entendiendo que estos consensos podrían implicar sacrificios de todos los sectores, pero con un objetivo común, que es dotar al Sistema de Jubilaciones del Sector Público de una senda de sostenibilidad financiera que garantice tanto a los actuales jubilados como a los futuros, gozar de sus respectivas jubilaciones”, manifiesta el informe oficial.
La ley de emergencia, en stand by
El Ministerio de Hacienda había anunciado hace unos meses que estaba preparando una ley de emergencia para evitar el colapso inmediato de la Caja Fiscal.
La idea de la cartera era que todos los trabajadores y jubilados aporten hasta los 62 años, incluidos aquellos que tienen un temprano retiro, como los docentes, policías y militares.
El planteamiento contemplaba, asimismo, que los retirados antes de la vigencia de esa normativa aporten de forma temporal y gradual, empezando con el 2% o 3%.
Esa propuesta, no obstante, quedó en stand by por el momento, según informaron desde la cartera económica.
