Solo durante los meses que duró la investigación, más de 500 mujeres, mayoritariamente colombianas, habrían sido explotadas en la ciudad de Málaga (sur de España), según informó la Policía.
Las condiciones de trabajo impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres. Eran obligadas a trabajar las 24 horas del día, siete días a la semana, aunque tuvieran la menstruación; no podían elegir ni rechazar a ningún cliente o servicio y debían hacerlo sin usar preservativo, lo que ocasionó que varias mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual.
Además –y para ejercer un mayor control sobre ellas–, eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos, que solo podían abandonar dos horas al día con autorización previa de las encargadas.
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Hay once víctimas liberadas y de las veinticinco personas detenidas, ocho ya ingresaron a prisión. Los agentes clausuraron los cuatro pisos del prostíbulo de la red y realizaron registros domiciliarios en los que se intervinieron 145.338 euros en metálico y 1,2 kilos de cocaína.
La investigación comenzó a partir de tres denuncias a los canales de la Policía española contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
Con la promesa de trabajar en clínicas de estética
El entramado, que estaba perfectamente estructurado y contaba con un elevado número de miembros, captaba a una parte importante de las víctimas en sus países de origen, principalmente Colombia.
Las mujeres, en una situación de gran precariedad económica, eran engañadas para viajar a España, en muchos casos con una falsa oferta de trabajo en un centro estético que la organización poseía en este país.
Sin embargo, una vez en territorio español, eran informadas de la deuda que habían contraído con los explotadores por la gestión y los gastos del viaje, y advertían a las víctimas de que debían saldar el montante ejerciendo la prostitución, aunque no paraban de incrementar la deuda a través de sanciones y multas injustificadas.
El entramado, que se calcula que tenía un beneficio anual que superaría el millón y medio de euros, también se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba y obligaba a las mujeres a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes, con el objetivo de que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios, lo que en algunos casos también derivaba en lesiones para las víctimas.
Fuente: EFE
