22 mar. 2026

Buscan penas por no responder informes

La Cámara de Senadores se ratificó en su versión del proyecto de ley que lleva a la misma categoría de desacato de una orden judicial a las acciones de las instituciones públicas cuando no responden los pedidos de informe que realizan los legisladores. La condena establecida son de hasta dos años en casos leves, y hasta cinco años en casos graves.

“Este proyecto de ley que ya discutimos acá en la Cámara de Senadores, que crea la figura del desacato a los pedidos de informes de las Cámaras del Congreso, sancionando teniendo en cuenta los incumplimientos, con pena privativa de libertad de 6 meses a dos años, o multa, que pedimos... también impone la pena de hasta cinco años si el autor cometiera el hecho mediando reiteración del pedido”, explicó el senador Zacarías Irún, por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La Cámara Baja rechazó el proyecto de ley del Senado, que modifica y amplía el artículo 1° de la Ley N° 4711/2012 “Que sanciona el desacato de una orden judicial”. Los diputados indicaron que una sanción administrativa era suficiente y no establecer un hecho punible.

Varios legisladores se quejaron de que, desde sus comisiones del Parlamento o desde sus bancadas, presentan varios pedidos de informes a diferentes instituciones del Estado, y estas no responden, ya que no hay sanción alguna establecida. La senadora Yolanda Paredes pidió más seriedad y detalló varias informaciones que solicitó y no tuvo respuesta.

Más contenido de esta sección
En medio de las críticas por la adjudicación de una vivienda del MUVH a Chaqueñito, el cartismo acusó a Yolanda Paredes de haber vendido una casa que era de Itaipú y no haberlo constado en su declaración jurada. La senadora se defendió y dijo que no es un secreto, que la venta no fue irregular y que los colorados sacan el tema solo para cubrir el escándalo.
La Cámara de Senadores rechazó el pedido de pérdida de investidura del senador Javier Chaqueñito Vera tras ser beneficiado para acceder a un departamento por medio de un programa del MUVH. El cartismo hizo valer su mayoría y consideró que sacar al legislador era “una condena política sin pruebas”.
El senador Silvio Beto Ovelar afirmó que no se arrepiente de haber impulsado la versión de la reforma de la Caja Fiscal que fue sancionada, ya que –según dijo– escuchó a los docentes y salvó al Gobierno. Reveló que se generó una fuerte interna en Honor Colorado y que los diputados fueron a quejarse de él ante el presidente Santiago Peña.
El ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja, defendió la adjudicación de una vivienda económica al senador Javier Chaqueñito Vera y casi se descompensó en la reunión con los diputados. Argumentó que “heredó” el proyecto de la administración anterior y que aplicó cambios para poder “vender” los departamentos. Al mismo tiempo, anunció que la institución verificará si legislador vive en el lugar, ya que, de lo contrario, sería causal de rescisión del contrato.
La reunión con el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, se interrumpió en medio de incidentes entre senadores oficialistas y de la oposición. “Mantuve tu partido, cuidado”, advertía Zenaida Delgado a Yolanda Paredes, quien se ofuscó y la trató de ridícula al tiempo de acusar de delincuentes a sus colegas colorados.
Interpelación. Hoy opositores y disidentes presentan el pedido de interpelación al ministro.
Delito. Los diputados afirman que adjudicación fue ilegal y que Baruja miente. Cartistas defienden.