La idea es endurecer las penas por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado y el soborno. La propuesta establece además que estarán sujetos a la regulación los funcionarios electos por voluntad popular, nombrados, designados, aquellos que tengan contrato asignado por autoridad competente, y participen en el ejercicio de funciones públicas estatales o municipales.
“La administración pública es sagrada. Hay malversación de fondos, se está estafando a la ciudadanía, sufren los niños, los adultos mayores, sufre todo un país y el atraso es enorme. Entonces, buscamos criminalizar la corrupción. El Paraguay está como está, por este mal hábito”, aseveró el parlamentario. Agregó que se reclama mucho a los diputados, pero su propuesta es un mensaje para todos los empleados públicos.
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Las modificaciones que persigue el proyecto de ley establecen que, cuando el funcionario incurra en un cohecho pasivo, la pena privativa será de entre 2 y 8 años, dependiendo del caso y los agravantes. Así también, establece en otro de sus artículos que, en el caso del cohecho pasivo agravado, la pena será de entre 5 a 15 años de pena privativa de libertad; mientras que el soborno tendrá una expectativa de pena de 2 a 8 años de cárcel. La iniciativa será estudiada en las respectivas comisiones asesoras, para luego ser elevada a la plenaria de la Cámara Baja.