La víctima del siniestro se encontraba jugando en la vereda a la pelota el último martes con un niño de 6 años cuando, de un momento a otro, fue a parar debajo de un vehículo estacionado, que fue embestido por un conductor que circulaba a alta velocidad sobre la calle Caaguazú, un empedrado vecinal del barrio capitalino.
Se trata de un Toyota Funcargo, de color dorado, que estaba al mando de un hombre con más de 60 años, de nombre Nazario Mena. El Ministerio Público dispuso que él quedara en libertad pese a lo ocurrido, con la condición de que se hiciera cargo de los gastos de la víctima.
La familia denunció que la persona se desentendió de la responsabilidad tras aportar G. 400.000, cuando los gastos han sido más. El adolescente continúa internado en el Hospital de Trauma a raíz de lesiones de gravedad. El brazo izquierdo se llevó la peor parte. El chico también sufrió heridas en la rodilla izquierda.
El momento fue captado por una cámara de circuito cerrado, en cuyas imágenes se observan el momento del choque frontal del vehículo involucrado con el que estaba estacionado, lo que provocó además el derrumbe del muro de una vivienda y otros daños.
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Según el padre del niño de 6 años, con el que estaba jugando la víctima, el conductor también derribó su basurero. Comentó que su hijo en ese ínterin fue a buscar la pelota que pasó hacia el lado de su vereda, por lo que se salvó de milagro. “Si esa pelota no venía hacia acá, iban a ser dos víctimas”, sentenció.
La tía del adolescente herido de gravedad dio testimonio de lo ocurrido. Manifestó que el presunto autor del accidente se encontraba acompañado de un hijo y denunció que esta persona se refirió a una coima durante la intervención policial de la Comisaría 7.ª, que trasladó al conductor hasta San Lorenzo para la realización del alcotest.
Según ella expresó “jaha jatransá pépe ha opama”, que traducido al castellano hace alusión a la intención de negociar un acuerdo económico.
Se omiten los nombres del niño, el adolescente y sus familiares en cumplimiento al artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe difundir datos que permitan identificar a menores, ya sean víctimas o victimarios de hechos punibles.
