“El Gobierno brasileño lamenta las declaraciones del presidente de Bolivia, hechas en la última semana en una entrevista en Nueva York, y en las que atribuyó, sin fundamento, participación del embajador de Brasil en La Paz en alegada “ruptura del orden constitucional” boliviano”, según un comunicado divulgado este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
La nota de la cancillería reafirmó el compromiso del Gobierno brasileño “con la plena vigencia del Estado democrático de derecho en los países de la región”.
Brasil igualmente reiteró “su disposición a tener una relación respetuosa y constructiva con las autoridades bolivianas, con el fin de abordar los diversos asuntos de interés común de las dos sociedades y países”, concluye el comunicado.
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En una entrevista que concedió a France 24 en Nueva York en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Arce acusó a la Unión Europea, a la Iglesia Católica, al entonces embajador de Brasil en La Paz y a la Organización de Estado Americanos (OEA) de “colaborar” con el presunto “golpe” de Estado en ese país en 2019.
También acusó a los gobiernos de los entonces presidentes de Argentina y Ecuador, Mauricio Macri y Lenin Moreno, de coadyuvar con armamentos y otras elementos a la administración de Jeanine Áñez para un presunto “golpe”.
Las acusaciones también fueron rechazadas enfáticamente por la Unión Europea.
“La UE rechaza firmemente la acusación formulada por el presidente Luis Arce contra el ex embajador de la UE en Bolivia, alegando que éste participó en ‘la ruptura del orden constitucional’ en el contexto de la crisis política de Bolivia en 2019", señaló la UE en un comunicado.
El Gobierno boliviano, por su parte, afirmó este jueves que la investigación sobre la crisis de 2019 en Bolivia determinará “el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales” que intervinieron en los sucesos que, para el oficialismo, fueron un “golpe de Estado”.
“Estos hechos se encuentran en proceso de investigación por las autoridades competentes, lo que permitirá identificar el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales que hubiesen participado”, según un comunicado de la cancillería boliviana.
En su nota, la cancillería boliviana también insistió en que en noviembre de 2019 “se rompió el orden constitucional” en Bolivia contra el entonces presidente Evo Morales.
Bolivia se mantiene enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que su renuncia y la crisis fueron consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.
