Los embalses bajo mínimos por la falta de precipitaciones entre junio y setiembre de 2021 han dado paso a desbordamientos de ríos, mortales deslizamientos de tierras y municipios enteros inundados entre finales del año pasado y principios de este 2022.
Bahía, Minas Gerais y São Paulo, donde en conjunto habitan unos 83 millones de personas, casi el 40% de la población total, han sido los estados del país más afectados por los chubascos que vienen castigando parte del territorio brasileño desde octubre.
La “falta de infraestructura urbana” y de “políticas de prevención y adaptación climática” ha hecho el resto, dejando un reguero de destrucción a su paso, denunció a EFE el geógrafo Rodrigo Jesús Santos, portavoz de la campaña Clima y Justicia de Greenpeace.
En São Paulo, Minas Gerais (sureste) y Bahía (noreste) se han contabilizado en los últimos meses al menos 86 fallecidos, mientras que unas 150.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por las lluvias, según datos oficiales.
Solo en la localidad de Franco da Rocha, en la zona metropolitana de São Paulo, hubo 18 muertos por culpa de un alud de tierra que sepultó algunas viviendas construidas sobre un terreno escarpado.
“Hay un aumento de eventos extremos relacionados a lluvias intensas con consecuencias directas en la población más vulnerable que vive en la periferia de las grandes ciudades o en comunidades rurales”, apuntó Santos.
Tormentas más intensas
Las tormentas son habituales durante el verano austral brasileño, pero este año se han intensificado bajo la influencia de La Niña y la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).
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Este último es uno de los principales fenómenos atmosféricos responsable por la reposición hídrica en parte de Brasil durante el periodo lluvioso y consiste en una vasta franja de nubes que persiste durante varios días provocando muchas precipitaciones en una zona.
Ello generó, por ejemplo, que la ciudad de São Paulo, la más poblada del país, registrara el enero más lluvioso desde 2017.
Lo llamativo es que esas lluvias por encima de la media llegan poco después de que Brasil atravesara una de las peores sequías de las últimas décadas, un fenómeno cada vez más frecuente y vinculado, entre otros factores, a la deforestación en la Amazonia, que se ha disparado desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro.
Durante el pasado verano austral, ya de por sí seco, las regiones sureste y centro-oeste de Brasil, responsables de la generación de cerca del 70% de la energía eléctrica del país, vieron reducir el nivel de sus embalses al más bajo desde 2001.
Gran impacto social y económico
La sequía afectó gravemente a las zonas agrícolas, con consecuencias económicas gigantescas y obligó al Gobierno a crear una nueva tarifa de consumo que disparó la factura de la luz, a fin de incentivar el ahorro y evitar un racionamiento energético.
Las fuertes lluvias también vienen causando un perjuicio económico inmenso que la Confederación Nacional de Municipios (CNM) estima en unos 55.600 millones de reales (10.500 millones de dólares) desde 2017 hasta hoy.
Asimismo, la entidad calcula que, en los últimos cinco años, los aguaceros destruyeron casi 16.000 viviendas y damnificaron más de medio millón.
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Los eventos extremos “cada vez serán más intensos, según los escenarios diseñados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)” y sus impactos están siendo “potenciados” por la acción humana, recordó Santos.
Sin embargo, solo 7 de los 27 estados brasileños dicen poseer un plan de prevención y adaptación climática, de acuerdo con Greenpeace, que la próxima semana pedirá públicamente a las administraciones federales y regionales acciones urgentes y efectivas en esa dirección.
“Existe una negligencia de los gestores públicos frente a la crisis climática (...). Estamos viviendo una emergencia climática; no es algo del futuro, es presente porque se están perdiendo vidas y los ecosistemas se están rompiendo”, sentenció Santos.
