El acto será celebrado en el Salón Negro del Congreso Nacional y reunirá a autoridades de todos los poderes del Estado, gobernadores, ministros y representantes de la sociedad civil, que se unirán en repudio al golpismo y en defensa de la democracia.
El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, fueron invadidas y depredadas por miles de radicales seguidores de Bolsonaro, que no aceptaban su derrota en las urnas.
La Justicia lo consideró el “más brutal ataque a la democracia” brasileña desde el golpe militar de 1964 e imputó por esos desmanes a unas 2.000 personas, de las cuales una treintena ya ha sido condenada a penas de hasta 17 años de prisión.
El violento asalto del 8 de enero de 2023 fue, según una comisión parlamentaria que investigó el asunto, el ápice de un movimiento golpista que comenzó el 30 de octubre de 2022, cuando se conoció el resultado de las elecciones en que Lula derrotó a Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
Primero fueron decenas de bloqueos de carreteras por parte de camioneros y luego miles de bolsonaristas montaron campamentos frente a cuarteles de todo el país para exigirles a los militares que impidieran que Lula asumiera la presidencia.
Bolsonaro, a quien la Justicia investiga como supuesto “mentor” de ese movimiento, tampoco reconoció su derrota en las urnas y un día antes de la investidura de Lula viajó a Estados Unidos con el único objetivo de no entregarle el poder al líder progresista, quien asumió el 1 de enero con un fuerte apoyo popular.
Ocho días después, desde el campamento bolsonarista montado frente al Cuartel General del Ejército, partió la caravana golpista que, casi sin resistencia policial, destrozó las sedes de los tres poderes e instó a los militares a derrocar a Lula.
Pero las Fuerzas Armadas no se hicieron eco. La reacción de todas las instituciones del país fue firme e inmediata y dejó a la extrema derecha herida y desprestigiada, lo cual ha ayudado a garantizarle la gobernabilidad necesaria a la gestión progresista
“Inelegible”. Tras esos sucesos, Lula se volcó a la “reconstrucción” del tejido democrático, fortalecer a las instituciones del Estado y recuperar las políticas públicas abandonadas por Bolsonaro, mientras ejerció el poder (2019-2022).
El líder de la ultraderecha enfrentó durante todo 2023 diversos procesos en la Justicia, tanto civil como penal y electoral, en su mayoría aún en trámite, incluido el que lo señala como presunto “autor intelectual” de la asonada del 8 de enero.
Hasta hoy, ha habido solo una sentencia en la Justicia electoral, que suspendió sus derechos políticos durante ocho años por diversas irregularidades en que incurrió durante la campaña de 2022.
Bolsonaro y la ultraderecha han denunciado supuestos maltratos a los detenidos por el 8 de enero y asegurado que eran “patriotas” que ese día protestaron “pacíficamente” y cayeron en una “emboscada” articulada por “infiltrados comunistas y violentos”, una tesis ya desmontada completamente por la Justicia.