La privatización de Eletrobras, que primero debe ser avalada por el Parlamento, sería concluida el año que viene y se enmarca en la agenda de reformas, concesiones y privatizaciones propuestas por el Gobierno de Bolsonaro para reducir al mínimo el tamaño del Estado.
La firma del proyecto de ley fue realizada por el mandatario en el marco de un acto en el que celebró junto a su Gobierno sus 300 primeros días en el poder, que asumió el pasado 1 de enero.
El ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, reiteró el deseo del Gobierno de capitalizar la compañía, que está perdiendo participación en el mercado.
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Albuquerque expresó que, si no se adoptan medidas, Eletrobras contará con tan solo un 15% de la generación de energía y de un 35% de la transmisión dentro de 10 años.
Asimismo, el ministro detalló que el proyecto de ley prevé que el Estado detenga alrededor del 50% de las acciones de la empresa.
“Estamos optimistas con relación a la tramitación de ese proyecto”, resaltó Albuquerque.
Sin embargo, el modelo de privatización de la energética se dará a través de la emisión de nuevas acciones, que serán vendidas en el mercado.
Para la adopción de este tipo de capitalización, Eletrobras deberá pagar 16.200 millones de reales (unos USD 4.030 millones) a las arcas públicas, mientras el Estado reduciría su participación mayoritaria en el control de la empresa y quedaría con menos del 50% de la compañía.
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Este modelo igualmente implicaría cambios en los términos de los contratos de energía hidroeléctrica de la compañía, que se alejaría del actual modelo de tarifa regulado, conocido como “régimen de cuotas”, y le permitiría a la energética vender su energía a precio de mercado, más elevado que el aplicado actualmente.
Según el ministro, el proyecto prevé que la compañía desembolse aproximadamente 8.000 millones de reales (unos USD 1.990 millones) para la reducción de los subsidios de la factura de luz.
Tras la firma del presidente, el proyecto de ley deberá tramitar en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado.
La propuesta es bastante similar a la planteada por el Gobierno del expresidente Michel Temer (2016-2019) hace casi dos años, pero que no avanzó debido a diversas turbulencias políticas.
