Las autoridades investigan una supuesta trama que habría arrancado antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que el líder ultraderechista perdió por estrecho margen frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula de Silva.
La policía lanzó la operación “Tempus Veritatis” en nueve estados de Brasil y el Distrito Federal para “investigar la organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho” para mantener al expresidente en el poder.
Los agentes cumplen 33 órdenes de allanamiento y cuatro arrestos, además de requisar pasaportes para impedir a algunos de los investigados salir del país.
El pasaporte de Bolsonaro “ya fue entregado a las autoridades competentes”, indicó en X su asesor y abogado Fabio Wajngarten.
“PERSECUCIÓN IMPACABLE”. ”Hace más de un año que no gobierno y continúo sufriendo una persecución implacable”, reaccionó Bolsonaro en declaraciones a una periodista del diario Folha de S. Paulo.
“Olvídense de mí”, agregó el exmandatario, de 68 años.
Ordenada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, la operación involucra asimismo a cuatro generales, incluyendo Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional durante el gobierno del ultraderechista.
Hasta ahora se cumplieron tres de las cuatro órdenes de arresto, según la prensa: un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Filipe Martins, y dos militares del Ejército. Los investigados “difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2022, incluso antes de que se celebraran, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar”, dijo la policía.
En un primer momento, el grupo diseminó información “falsa” sobre el sistema electrónico de votación en Brasil.
Por este hecho, Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de ocho años.
Después, los investigados “ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de impedir la toma de posesión del gobierno legítimamente electo”, escribió en su decisión el juez Moraes.
DECRETO. La investigación apunta que Bolsonaro recibió un “decreto” de “golpe de Estado” en noviembre de 2022 y que este fue objeto de modificaciones durante varias reuniones en el palacio presidencial de Planalto.
Bolsonaro habría aprobado el texto final, que además preveía una orden de prisión contra Moraes, al frente de varias investigaciones contra el expresidente y su entorno.
También convocó una reunión con los comandantes militares para “presionarlos a adherirse” a la intentona, según el magistrado.
Los sospechosos esperaron tener éxito hasta el inicio de 2023, “principalmente cuando se produjeron los actos golpistas del 8 de enero”, una semana después de la toma de posesión de Lula.
Ese día, miles de bolsonaristas ingresaron y saquearon el palacio presidencial y los edificios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal para pedir una intervención militar y revocar al izquierdista del poder.
El ex mandatario es investigado como presunto instigador de esos actos.
De las 2.170 personas detenidas por los actos del 8 de enero, hasta ahora unas 30 fueron condenadas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel.
