“Yo ni sabía de la cuestión de cómo estaban las tratativas de la Covaxin porque son 22 ministerios”, se justificó el mandatario de Brasil en declaraciones a un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. “No tengo forma de saber qué pasa en los ministerios, pongo mi confianza en el ministro”, añadió Bolsonaro.
El líder ultraderechista se ha visto afectado por el escándalo en torno a las presuntas irregularidades en el contrato de intención de compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.
El caso lo destaparon el diputado oficialista Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, quienes en una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de la pandemia en el país afirmaron que presentaron personalmente a Bolsonaro esas sospechas de corrupción.
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El mandatario, según el testimonio de los hermanos Miranda, reconoció que era un asunto “grave”, llegó a mencionar que se trataba de un “rollo” del diputado oficialista Ricardo Barros, actual jefe del Gobierno en la Cámara baja, y que el tema lo pondría en manos de la Policía, lo que al parecer no ocurrió.
Los senadores que integran esa comisión de investigación sopesan ahora informar directamente a la Corte Suprema sobre los indicios de un supuesto delito de prevaricación cometido por Bolsonaro.
El gobernante reconoció este lunes el encuentro con los Miranda, pero garantizó que su Gobierno “no hizo nada equivocado” y volvió a cargar contra los integrantes de esa comisión parlamentaria, a los que acusó de “inventar narrativas” para socavar su imagen.
“Inventaron la corrupción virtual. No recibimos una dosis (de la vacuna india), ni pagamos un centavo”, afirmó tajante.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión de investigación sobre el Covid-19, el senador Randolfe Rodrigues, anunció el pasado fin de semana que acudirá a la Fiscalía General para solicitar la apertura de un investigación contra el jefe de Estado por un presunto delito de prevaricación.
