Jorge Bogarín Alfonso, miembro con permiso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tiene la misión de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, este “juez de jueces” es protagonista cada día por nuevas irregularidades que se presentan en su gestión pública.
Lo último fueron las inconsistencias de G. 2.090 millones en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR). Justamente, el ente entregó a los medios de comunicación un informe preliminar en el que se observan con detalles las irregularidades detectadas en el patrimonio de Bogarín.
En la infografía de apoyo se ve un resumen parcial de G. 1.463 millones, debido a que existen inmuebles no declarados, cuyo valor no fue precisado en el informe citado.
Contraloría. Augusto Paiva, subcontralor, informó que la respuesta del miembro del Consejo de la Magistratura la esperan el próximo martes 18 de julio, día en que vencerán los 10 días hábiles.
“El examen de correspondencia es una solicitud del Ministerio Público. Él puede pedir prórroga por ley, pero será de menor a los 10 días”, señaló.
Afirmó que cuando tengan el descargo del funcionario, harán la trazabilidad, y si convencen algunos temas, podrán rectificar parte del informe preliminar. En otras palabras, los G. 2.090 millones de presunta irregularidad, podrán disminuir de acuerdo a los documentos que presente el funcionario.
“Se habla de que recibió de una declaratoria de herederos de su finada madre, que fue magistrada judicial, podría tomarse a consideración”, comentó.
Sostuvo que el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y Registros Públicos facilitaron todos los documentos. Así como, el banco Itaú donde estaban depositados los ahorros obtenidos por herencia anticipada.
Paiva afirmó que en 15 días ya estaría terminada la investigación.
Más irregularidades. Bogarín Alfonso solicitó permiso a su cargo de primer secretario y cónsul el 11 de marzo del 2020, para poder ser miembro del Consejo de la Magistratura en representación del gremio de abogados.
Su permiso tuvo una duración de dos años según lo establece la ley del servicio consular, por lo que venció el pasado 11 de marzo del 2022. Desde entonces, han pasado 16 meses y el MRE no se pronunció sobre su situación.
Se teme que el declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos en marzo pasado, busque retornar al ente tras el término de su mandato en el Consejo de la Magistratura este 26 de noviembre.
Además, el funcionario publicó dos declaraciones juradas con el mismo código de identificación en la CGR. Esto solo por citar, algunas de las últimas irregularidades que tomaron estado público en los últimos días.
El examen es una solicitud de la Fiscalía. Bogarín puede pedir una prórroga, pero será menor a los 10 días. Augusto Paiva, subcontralor.
