Tras el aluvión de críticas recibidas, los abogados de Betancourt y de su familia se presentaron en la Procuraduría (Ministerio Público) para anunciar que la ex candidata presidencial “desiste” de la acción en la que reclamaba al Estado más de 6,8 millones de dólares.
El procurador delegado del caso, Gabriel Herrera Vergara, “dio por terminados los trámites conciliatorios” a petición de Betancourt, de nacionalidad colombofrancesa, y su familia, explicó en una comparecencia ante la prensa el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Isnardo Jaimes.
Betancourt y su familia habían presentado el pasado 30 de junio dos acciones de conciliación contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares), por los perjuicios ocasionados durante los más de seis años que permaneció secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La ex candidata presidencial fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002 junto con su entonces compañera para la Vicepresidencia, Clara Rojas, cuando ambas se dirigían a dar un mitin en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá (sur).
Según Betancourt, hubo fallos de seguridad que propiciaron su secuestro, algo que han desmentido en los últimos días tanto altos mandos militares de la época como ex escoltas de la ex candidata, que afirman que ella conocía los riesgos de viajar a la zona donde fue secuestrada y decidió asumirlos.
Betancourt permaneció cautiva hasta el 2 de julio de 2008, cuando fue rescatada en la Operación Jaque junto con tres estadounidenses y 11 policías y militares colombianos.
Aunque la ex rehén aclaró el pasado domingo que no pretendía demandar al Estado y que la indemnización solicitada era meramente “simbólica”, las críticas le siguieron lloviendo especialmente en Colombia y en las redes sociales, donde la tildaron, entre otras cosas, de “ingrata”. EFE
