El contralor Camilo Benítez sostuvo que está de acuerdo con que los dos entes hagan controles de las rendiciones de gastos, pero puso la condición de que el Tribunal juzgue solamente después de que el informe haya sido fiscalizado por la Contraloría. “Si el proyecto de ley tiene un artículo en el cual disponga que el Tribunal de Cuentas aprobará las cuentas de inversión con una auditoría, revisión o fiscalización de la Contraloría previamente, pero debe ser un requisito indispensable, yo no tengo problemas de apoyar”, aclaró el contralor.
Benítez indicó que considera igualmente que desde la Constitución Nacional de 1992 ya se eliminó la función del Tribunal de aprobar cuentas, pero cede ante lo dictado por la Corte, cuyos miembros actuales reivindican su competencia para juzgar la administración pública.
Para el contralor es necesario que se logre un acuerdo para que la Contraloría revise las cuentas antes que el Tribunal. “Ojalá se pueda acordar eso porque el cuestionamiento justamente es que la gente que envía sus documentos al Tribunal precisamente para eludir a la Contraloría. Ambas instituciones pueden coexistir, es verdad, pero eso exigiría un compromiso muy importante del Poder Judicial en cuanto a la transparencia de sus propios recursos”, añadió.