Allí estuvieron presentes también Carmen Pereira, ex viceministra de la Seprelad, y Cecilia Pérez, quien ejerce la defensa del diputado Mauricio Espínola en esta causa.
Pereira explicó que la Seprelad no elige a dedo los informes que le son remitidos y que establecen una alerta en cuanto a posibles operaciones de lavado de dinero.
“Nosotros somos parte de una estructura legal que recibía alertas de presunto lavado de activos. Cuando recibimos una alerta recibimos sujetos obligados (bancos, financieras, casas de cambio) que identifican alguna transacción que indica lavado de dinero; la Seprelad hace un trabajo de campo para que cuando se reciba un reporte revisamos los casos relevantes. La Seprelad no inicia de oficio las investigaciones. Podemos tener colaboración internacional”, explicó.
“¿Cuándo recibimos un pedido interinstitucional, comunicaciones que nos hacen los sujetos obligados?. No hacemos selección dedocrática. Me sentaba a verificar las alertas que el sistema me indicaba; el sistema nos daba un puntaje y teníamos el listado. Luego contrastamos con las otras fuentes. No es que ciegamente hacíamos. Se constata con información local e internacional. Los informes que se presentaron al Ministerio Público son informes que se contrastaron. Estamos hablando de todos los informes que realizamos. No es que hicimos un informe excepcional. 852 informes hemos remitido”, resaltó.
A su turno, Carlos Arregui dijo que no se hacían diferencias y que el Ministerio Público jamás les contestó sobre cómo avanzó el informe. “No hubo diferenciación de absolutamente nadie; se remitía todo. Los 16 analistas remitieron 852 informes al Ministerio Público. Ellos podían devolvernos si no reunían méritos, pero nada de eso pasó. Cuando preguntamos no tuvimos contestación de qué hicieron. Teníamos un sistema codificado de cómo se descargaban esos informes. Cuando llegaba a la Fiscalía se perdía el rumbo. Nosotros no podemos inventar los hechos. Los hechos están en el informe. Todos los sujetos obligados deben estar procesados entonces, porque ellos son los que dieron el insumo necesario”, mencionó,
Cecilia Pérez, por su parte, dijo que el actual Ministerio Público es una asociación criminal. “Emiliano Rolón es el ejecutor del terrorismo de Estado que se está desarrollando ahora. Hoy, el elemento de tortura es la Fiscalía. El ejecutor es el órgano que debe defender a la sociedad. Hoy sigue operando una rosca mafiosa liderada por Emiliano Rolón. Acá se infunde miedo. el mensaje es el miedo, la impunidad para el que opera con ellos. Ésta es una asociación criminal, y si no estás en el juego tenés que salir; no es solo una vendetta política, es una barrabasada jurídica lo que hicieron y muchos tienen miedo de pertenecer al Ministerio Público”, subrayó.
