El banco Itaú-Unibanco, la mayor entidad financiera privada de Brasil, prevé que la economía brasileña entrará en recesión en 2022, con una caída del 0,5% del producto interno bruto (PIB), en medio de una creciente incertidumbre fiscal, según un informe divulgado el lunes.
La estimativa del Itaú, que antes era de una expansión del 0,5%, es una de las primeras que anticipan un crecimiento negativo para Brasil en 2022, año en el que habrá elecciones presidenciales, legislativas y regionales en el país.
Ese porcentaje contrasta con la previsión del Gobierno, que calcula un crecimiento del 2,5% para 2022.
INCERTIDUMBRE FISCAL. Itaú consideró que, ante las dudas en torno a la agenda de política fiscal del Gobierno de Jair Bolsonaro en un contexto de alta inflación, las tasas de intereses se elevarán, lo que generará “una actividad económica más debilitada”.
“El aumento de la incertidumbre fiscal implica un riesgo-país más alto, mayor depreciación del real, peores perspectivas para la inflación y, en última instancia, una tasa de interés neutra más alta”, afirmó el banco.
El gobierno de Bolsonaro anunció la semana pasada la expansión de un programa de subsidios para las familias más pobres durante 2022, año en el que intentará su reelección.
Entre sus planes está elevar el valor de esas ayudas hasta un mínimo de 400 reales (unos 70 dólares) mensuales y también el número de potenciales beneficiarios, desde los 14,7 millones a cerca de 17 millones de familias.
Para obtener la financiación necesaria, el Ejecutivo pretende ampliar el techo de gastos y aplazar el pago de una parte de las deudas judiciales del Estado, con objeto de abrir espacio en los presupuestos.
Esas maniobras han despertado los recelos de los mercados financieros, que han reaccionado con profundas caídas en la bolsa de São Paulo, acompañadas de una fuerte apreciación del dólar estadounidense frente al real brasileño.
Bolsonaro defendió el fin de semana su iniciativa de elevar las ayudas sociales y aseguró que la medida no tiene como objetivo a las elecciones de 2022, donde buscará la reelección, como señalan opositores y analistas.
“Lamentamos la situación en la que los pobres se encuentran en Brasil, pasando dificultades. No estamos luchando por las elecciones en 2022. Ese tema no se toca”, manifestó Bolsonaro, junto al ministro de Economía, Paulo Guedes, en una feria en Brasilia.
La popularidad del mandatario está en el punto más bajo desde que asumió el poder en el 2019, en un contexto económico desfavorable. La inflación alcanzó el 10,25% en doce meses hasta setiembre y el desempleo se ubica en 13,7%.
El presidente “es un político popular (...) no es un populista”, dijo Guedes, cuestionado por ceder a la idea de Bolsonaro considerada por algunos de tinte electoral.
“Si bien la discusión sobre el dominio fiscal parece exagerada en este momento, es cierto que sin unas reglas fiscales creíbles, la tarea del Banco Central de mantener la inflación dentro de la meta se vuelve más difícil”, apuntó Itaú. Brasil también vive una crisis inflacionaria, que se ha disparado por encima del 10% interanual, y de desempleo, con una tasa que está en torno al 14%.
Se vota informe contra Bolsonaro
La comisión parlamentaria que investigó la gestión del Gobierno brasileño frente a una pandemia que ya mató a más de 600.000 personas en el país vota hoy su informe final, que acusa al presidente Jair Bolsonaro de “crímenes contra la humanidad”.
El informe será votado por ese grupo integrado por once parlamentarios y, en caso de ser aprobado por mayoría simple, será remitido a la Justicia, al Supremo y hasta a entidades multilaterales, como la Corte Penal Internacional (CPI).
Esa intención ha sido anunciada por el senador Renan Calheiros, instructor y redactor del informe, que también acusa al mandatario de otros ocho delitos y denuncia por irregularidades diversas a cuatro ministros, tres hijos del mandatario y otras 60 personas. En el caso de Bolsonaro, los otros cargos son epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público. EFE
