El presidente del Congreso, Basilio Núñez, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la denuncia presentada en su contra por un funcionario del Senado por supuesto cobro indebido y tráfico de influencias. El legislador aseguró que cuenta con dictámenes de la Contraloría y del Ministerio de Economía que respaldan su actuación como ordenador de gastos y afirmó que la Fiscalía ya tendría una postura favorable a la desestimación del caso.
El senador colorado afirmó que en los próximos días expondrá públicamente documentos emitidos por organismos del Estado que, según sostuvo, avalan las decisiones adoptadas bajo su administración en el Congreso.
“Bueno, yo tengo documentos que probablemente la próxima semana voy a exponer acá a través de ustedes a la gente”, expresó.
Entre esos documentos mencionó específicamente un dictamen de la Contraloría General de la República y otro emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Tenemos un dictamen de la CGR. Un dictamen del Ministerio de Economía por el cual dan la razón a mi persona como ordenador de gastos”, aseguró.
Núñez argumentó además que el caso podría generar consecuencias institucionales negativas si prospera judicialmente, ya que –según indicó– sentaría un precedente que afectaría a otras altas autoridades del Estado que también manejan recursos públicos y perciben remuneraciones superiores al salario presidencial.
“Porque esto crea una jurisprudencia totalmente negativa para los ministros de la Corte, que son ordenadores de gastos y que ganan más que el presidente de la República”, sostuvo.
El titular del Congreso recordó igualmente que anteriormente el presidente del Senado percibía ingresos superiores a los del jefe de Estado, aunque indicó que esa situación fue modificada debido al contexto económico del país.
“Para el presidente del Congreso que ganaba más, pero como había una economía de guerra, según el ministro anterior, desistimos”, manifestó.
La denuncia fue formulada por el abogado y funcionario del Congreso Francisco Rubén Penayo Almada, quien en el escrito señala la existencia de tres hechos. Cita contrataciones y nombramientos masivos en el Senado y Congreso, ligados solo a la militancia partidaria, y que unas 300 personas fueron contratadas y nombradas desde su presidencia. Cuestiona la idoneidad de las designaciones.
