La pérdida de investidura parecía imposible en la Cámara de Diputados, donde desfilaron los hechos de corrupción pública más escandalosos, pero sus miembros permanecían blindados. Sin embargo, esta regla al parecer no es para todos. El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, presentó un pedido de destitución para su par liberal Celeste Amarilla, por sus críticas a la vestimenta de la reina Letizia y otros dichos, pese a estar protegida por sus fueros parlamentarios.
El pedido de pérdida de investidura no encuentra sustento en ninguna de las justificaciones expuestas, tanto que hasta el colorado Walter Harms pidió ser desmarcado. Mientras que Núñez ya abrió el paraguas y adelantó que en caso de no lograr la destitución, solicitará que Amarilla sea “al menos” sancionada con una suspensión sin goce de dieta por 60 días.
Núñez sorprendió al decir que fueron las palabras de Amarilla –precisamente lo único que protege el fuero parlamentario, las opiniones– las que la condenaron, y no sus hechos, y que para apoyar la destitución de otros diputados, necesita “escuchar” de ellos mismos cuáles fueron las irregularidades que cometieron, como sucedió, a decir de él con la legisladora, quien precisó que gastó USD 200.000 durante su campaña.
Contradictoriamente, varios diputados cartistas y abdistas están procesados por graves casos con total impunidad, algunos al borde de condena, pero para Núñez, estas causas están en el Poder Judicial y la pérdida de investidura es un castigo político.
Entre los procesados se encuentra Miguel Cuevas, por enriquecimiento ilícito y declaración falsa; Ulises Quintana, por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico, y hasta fue marcado por el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, el cartismo le dio total apoyo en su candidatura y sigue aliado, esta vez, con Santiago Peña; Tomás Rivas, imputado por tener a tres empleados particulares como planilleros en Cámara Baja; Éver Noguera, un caso muy grave en el que la mayoría colorada decidió rechazar el pedido de desafuero, lo que valió un pronunciamiento del Colegio de Abogados; Avelino Dávalos, involucrado en un faltante cuando era gobernador de Caazapá; Esteban Samaniego, también por un faltante cuando era intendente de Quyquyhó, y Juan Carlos Ozorio, denunciado por abuso de niños.
El único que perdió su investidura es un liberal, Carlos Portillo, expulsado por revelarse audios que lo involucraban en uso indebido de influencias. No contó con apoyo de ningún diputado. Los cartistas le pusieron la cruz por haber mencionado en las conversaciones a Pedro Alliana.
Ulises Quintana
Narcotráfico
El diputado, que se separa de Colorado Añetete para sumarse a Honor Colorado, está imputado por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Fue designado por EEUU como corrupto.
Tomás Rivas
Caseros de oro
El legislador de Honor Colorado está acusado por presunta estafa en grado de cómplice y su juicio oral fue fijado para diciembre. Sus tres caseros ya fueron condenados por cobrar un sueldo sin trabajar.
Miguel Cuevas
Enriquecimiento
Está pendiente el juicio oral en la causa por declaración falsa y por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que entre el 2009 y el 2019 existe una incongruencia de G. 1.705.315.135 entre ingresos y egresos.
Éver Noguera
Almuerzo escolar
El abdista está imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso de adquisición de almuerzo y merienda escolar en la Gobernación de Guairá, junto con Rodolfo Friedmann.
Avelino Dávalos
Faltante
El diputado de Honor Colorado es investigado por un faltante de G. 200.000 millones siendo gobernador del Departamento de Caazapá (2013-2018), pero beneficiado por la inacción de la Fiscalía.
Juan Carlos Ozorio
Abuso infantil
El legislador de Colorado Añetete es investigado luego de una denuncia por abuso sexual en niños, que habría ocurrido el año pasado en Central. La diputada Del Pilar Medina expuso el caso a través de Twitter.
Esteban Samaniego
Sin fondos
Concejales de Quyquyhó denunciaron por lesión de confianza al diputado de Colorado Añetete, quien fue intendente desde el 2010 hasta el 2017. Acusaron que dejó un faltante de G. 10.000 millones.