Esto no debería ser un problema, porque, de acuerdo con el último informe oficial, solo 7 de cada cien funcionarios perciben un ingreso igual o menor al mínimo legal. Más o menos unos 21.000 beneficiarios. Sin embargo, el presupuesto establecido para pagar esta “ayuda familiar” es de ¡75 millones de dólares!, ¡seis veces el presupuesto del Ministerio de la Niñez y Adolescencia!
La explicación de este zafarrancho está en los contratos colectivos de trabajo, suscritos en casi todas las dependencias públicas. A diferencia de lo que ocurre en el sector privado que ocupa a 90% de la gente que trabaja, estos contratos se pactaron sin que la patronal esté presente. Me explico: los acuerdos se hicieron entre los trabajadores y los administradores de turno. El detalle es que estos últimos también son funcionarios y beneficiarios del mismo contrato.
No hubo nadie que defendiera los intereses de quienes con sus aportes compulsivos debían pagar luego los beneficios acordados; vale decir, la patronal. Algunos hasta estarían contentos de que fuera así, solo que, en este caos, estamos hablando de los contribuyentes y de los usuarios quienes con sus impuestos o mediante el pago de facturas de servicios básicos monopólicos financian la aplicación de esos contratos.
Esta “negociación” (que nunca fue tal) permitió, entre otras cosas, que una figura como la “ayuda familiar” perdiera su esencia y se convirtiera en un nuevo y solapado aguinaldo, un aporte anual equivalente a un porcentaje del salario –o más que un salario–, y se aplicara a todos los funcionarios, independientemente de su nivel de ingresos. Así tenemos empresas terriblemente deficitarias por falta de inversión, como la compañía pública de electricidad, o fuertemente endeudadas, como la intermediaria en la importación y venta de gasoil, Petropar, pagando en concepto de “ayuda familiar” hasta cuatro millones de guaraníes a funcionarios con ingresos de hasta cinco salarios mínimos o más.
Bajo las mismas absurdas condiciones se inventaron otros sobresueldos, como “presentismo”, “ayuda vacacional” y varios más. Ninguno de estos pagos depende de la situación financiera del Estado, en general, ni de la institución o empresa pública a la que pertenezca el beneficiario, en particular.
Este disparate económico crea situaciones irritantes como la que vivimos en un año recesivo, con una caída abrupta de los ingresos públicos de más de 300 millones de dólares. Mientras el Ejecutivo pide a los maestros que aguarden hasta julio el ajuste salarial que se les prometió, autoriza que burócratas con ingresos de entre ocho y diez millones de guaraníes mensuales cobren su “ayuda familiar” de hasta cuatro millones. La excusa oficial es que estos son pagos que no podemos evitar. Es mentira que los contribuyentes estemos obligados a pagar ningún beneficio excepcional a funcionarios que ganen más del mínimo solo porque así lo hayan acordado en contratos colectivos de trabajo, contratos de cuya negociación nunca formamos parte.
Los administradores de esos ministerios y empresas públicas no eran y no son nuestros representantes. Nuestros únicos representantes constitucionales y con potestad de comprometer los impuestos que pagamos compulsivamente son los legisladores. Cualquier gasto que no se incluya en la Ley del Presupuesto no se puede pagar. Y no hay forma de que les puedan obligar a incluir gasto alguno en esa ley suprema.
Insto a legisladores y a Ejecutivo a revisar todos estos contratos colectivos de trabajo, y a eliminar mediante una simple reprogramación presupuestaria cualquier privilegio que se esté pagando a sectores de por sí privilegiados, caso contrario la irritación que estos generan terminarán por generar la chispa que encienda esa bronca ciudadana largamente contenida.
