En ese sentido, hace unas semanas el Banco Central del Paraguay (BCP) ajustó su proyección de crecimiento al -3,5%, frente al -2,5% estimado a inicios de la pandemia. Las estimaciones de la banca matriz hablan no solamente de una caída más fuerte en los sectores secundarios y terciarios, sino que también indican una reducción notoria en el consumo privado y en las exportaciones.
En ese escenario de dificultad y de la necesidad imperiosa de un impulso fiscal para intentar una recuperación un poco más rápida, el Ministerio de Hacienda comienza desde hoy a mantener reuniones claves con las diferentes instituciones públicas de cara a lo que será el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021.
De acuerdo con lo anunciado días pasados por las autoridades de la cartera, el plan de gastos público deberá contener bastantes limitaciones y prohibiciones atendiendo el déficit de ingresos que se espera para este año –USD 600 millones aproximadamente–, el elevado saldo rojo fiscal con el que se cerrará el año –7% del PIB– y el feroz endeudamiento al que recurrió el Estado para hacer frente a la pandemia.
La Ley de Presupuesto es la normativa más importante que se discute en el último cuatrimestre de cada ejercicio fiscal. Esta normativa debe reflejar lo que busca la administración de turno para el año entrante y debe asegurar el correcto funcionamiento del aparato público, desde sistemas de salud, educación y protección social equitativos y eficientes, hasta servicios básicos eficaces e inversiones que reduzcan la enorme brecha de infraestructura que arrastramos desde hace años.
Asimismo, atendiendo el incierto panorama para los próximos meses, la Ley de Presupuesto llama a un pacto social importante entre las instituciones públicas. Como el espacio fiscal será muy reducido el año próximo, es vital que las entidades elaboren sus previsiones de gastos acorde a una realidad que reclama austeridad y prudencia en las cuentas públicas.
Otro de los problemas con los que deberá lidiar el Gobierno es el retorno a la regla fiscal y el efecto rebote. Tras dos años de sobrepasar el límite legal del 1,5% del PIB, el plan del Fisco es volver a ese tope en 4 años. Esto significa que los gastos deberán reducirse, al igual que la toma de deuda para financiar inversión; no obstante, es fundamental seguir desarrollando obras para apuntalar el crecimiento en 2021, y ahí juega un rol fundamental la revisión de la alianza público-privada (APP) y la modalidad llave en mano. Los cambios en estas dos herramientas son claves en medio de limitaciones fiscales y financieras.
Tocará luego al Congreso respetar los pilares del proyecto de PGN. El marco legal vigente señala que el plan de gastos debe entrar al Congreso el 1 de setiembre, a más tardar. El estudio del documento se inicia en la Comisión Bicameral, donde los titulares de las distintas entidades deberán defender sus planteamientos de ingresos y gastos, para luego pasar a la Cámara Baja y finalmente a Senadores. Los parlamentarios deben entender también que inflar el plan de gastos implica solamente generar falsas expectativas, en un año donde las mismas deben estar alineadas para asegurar que el efecto rebote se convierta en recuperación efectiva.
El horno no está para bollos, como se dice comúnmente. Las proyecciones de incertidumbre para los próximos meses y el hartazgo ciudadano producto de años de corrupción empujan a los actores públicos, más que nunca, a ser cuidadosos con el dinero de todos.
