Hoy se cumplen tres meses del operativo (Veneratio), que marcó un antes y un después en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Sin embargo, se sigue analizando la situación de los reclusos y si ese traslado masivo –de 724 internos– permite o no la proliferación de viejas o nuevas facciones.
El abogado comisionado Orlando Castillo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), mencionó dos problemas considerables. El primero, que al trasladar una gran cantidad de reclusos, sin haber analizado su nivel de peligrosidad, puede llevar a que estos originen nuevas células, y, el segundo, que se ponen en riesgo a presos que son inocentes.
El pasado 16 de febrero se reportó la muerte de dos reclusos en el penal de Pedro Juan Caballero, en medio de un amotinamiento en uno de los pabellones, que habría liderado Ramón Fariña, alias Kamba’i, presunto ex integrante del clan Rotela, quien estaría fundando una nueva facción criminal.
Ante este hecho, Castillo analizó que “allí no se sabe si fue una pelea del clan Rotela por el control interno de liderazgo, o si son otros grupos o un nuevo grupo que quiere surgir entre los dos grandes controladores –Primer Comando Capital (PCC) y el clan Rotela–”.
Expresó que cuando se hace un traslado masivo –como lo que ocurrió en el operativo Veneratio–, hay que ver adónde los llevás y los insertás. “Si la intención es aislar, distribuirlos sin ver los elementos de peligrosidad y cuál es su rol dentro de esa estructura criminal, al llevarlos e instalarlos en otra prisión, sin un análisis criminológico, se corre el riesgo de metástasis”, expresó.
Relató que entre las 724 personas había quienes pertenecían a grupos criminales, que podrían estar estableciendo una nueva célula, tratando de reproducir el mismo sistema que antes tenían. Surge así la posibilidad de crearse nuevos liderazgos negativos dentro del sistema penitenciario.
“Según un estudio del crimen internacional, es que si vos quitás una cabeza, igual se mueve (el esquema)”, analizó Castillo.
Indicó que en el operativo del 18 de diciembre, donde se retomó el poder en la cárcel de Tacumbú, al sacar a los que forman parte del clan Rotela, incluyendo a su líder –Armando Javier Rotela–, no se hizo “un perfil criminológico” de los reos.
Esto permitió que una vez enviados a otros penales, los funcionarios que les recibían no sabían el nivel de su participación en estructuras, si son soldados o jefes, y que eso “es complicar a otros centros penitenciarios”.
Según evaluó el comisionado, enviar un número importante de gente indica tensión por el poder. “Lo que hicieron es desmontar de un lugar (el grupo criminal) y montar en otro. Esto crea microclimas de violencia. Eso no se pensó con el traslado”, señaló.
MEJORAS. Un panorama distinto dibujó recientemente el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, quien mencionó las mejoras en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú tras el operativo.
Explicó que haber retomado el poder permitió disponer de la cárcel como antes no se podía y que esto posibilitó implementar las políticas públicas necesarias.
Diferente a lo que expone Castillo. Él hablaba que, tras el operativo, se cumplió con la reidentificación de los internos que quedaron y de los trasladados.
Dijo también que se está trabajando con entrevistas a los presos, para hacer seguimiento de sus procesos y su estado de salud.
En Tacumbú, sin embargo, se sigue vulnerando el sistema penitenciario, ya que en la última requisa nuevamente encontraron teléfonos y armas blancas.
