Son muchos los sectores políticos y ciudadanos a quienes les agrada la iniciativa anunciada por el presidente Mario Abdo Benítez de crear una unidad especial anticorrupción, liderada por el ex fiscal Carlos Arregui, para investigar la gestión del anterior mandatario, Horacio Cartes, así como de los dos primeros años del actual gobierno, ante denuncias de presuntas irregularidades en diversas instituciones públicas.
La medida sin embargo tiene un evidente efecto político, que debería leerse en el contexto de la división y del enfrentamiento que sostienen Cartes y Abdo Benítez, involucrando a sus seguidores desde la época de la campaña electoral interna del Partido Colorado y que en las últimas semanas adquirió mayor virulencia.
El propio mandatario actual lo hizo notar durante la visita a una planta industrial en la mañana del lunes, cuando, además de confirmar la investigación a la gestión de Cartes, mostró sentirse molesto por los constantes ataques que recibe desde los medios de comunicación que pertenecen al grupo empresarial de su antecesor.
De este modo, la creación de una unidad especial anticorrupción para investigar supuestas irregularidades en entes públicos durante la era Cartes –incluyendo de manera simbólica los dos primeros meses de gestión del actual gobierno– no puede dejar de interpretarse también como un gesto de vendetta política. Principalmente, cuando las tareas de control y auditoría deberían ser ejercidas en forma institucional y permanente por las instituciones a las que la propia Constitución le asigna esos poderes, como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la auditoría del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y el mismo sistema de Justicia integrado por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Si se necesita crear un organismo especial o paralelo para investigar la función de un ex gobernante que ha entregado el cargo, ¿implica reconocer que todas las instituciones encargadas de hacerlo no funcionan? Si así fuese, la problemática sería mucho más grave para el sistema democrático.
Es significativo que la auditoría sea encargada a una reconocida figura de la oposición, el ex fiscal Carlos Arregui, miembro de la conducción del Partido Democrático Progresista y concejal de la Junta Municipal de Asunción, cargo por el cual deberá pedir permiso para ocuparse de la nueva tarea asignada por el Poder Ejecutivo. También resulta sintomático que la primera auditoría externa de gestión sea en la petrolera estatal Petropar, donde ocurre uno de los más fuertes enfrentamientos entre los entornos de Cartes y Abdo Benítez.
La transparencia es útil y necesaria, pero debe fortalecer la funcionalidad democrática y no generar acciones paralelas con motivaciones diferentes a las de un verdadero celo contra la corrupción.
