El diputado Raúl Benítez arremetió este viernes, en charla con los medios, contra el Gobierno por las medidas adoptadas a favor de la empresa Atome y advirtió sobre las graves consecuencias económicas para la ciudadanía y la preocupante falta de planificación estatal. El legislador pidió a la Mesa Directiva de la Cámara Baja convocar a las autoridades implicadas para explicar la situación.
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El parlamentario calificó los mencionados acuerdos como una verdadera “traición a la patria”, haciendo especial énfasis en la inminencia de una probable crisis energética a nivel nacional. En ese sentido, señaló que, aunque ahora las autoridades busquen derogar los decretos en cuestión, esta improvisación podría de igual manera terminar costando dinero que saldrá directamente del bolsillo de la gente. Durante su intervención, afirmó que Atome es una empresa que ha venido a especular con precios preferenciales de energía y que simplemente buscará “sacar una tajada”, sin que se sepa a ciencia cierta si han invertido un solo guaraní o dólar en el país.
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Convocatoria a autoridades públicas
Asimismo, Benítez expresó su profunda indignación frente a un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, cuestionando que, si bien el documento dice que la institución se mantiene firme, al mismo tiempo anuncia la instalación de una mesa de negociación. Ante esta situación, exigió de manera tajante que la Procuraduría explique a la ciudadanía qué acuerdos y documentos se firmaron, quiénes fueron las personas involucradas en el proceso y quién emitió el dictamen jurídico que permitió al presidente de la República, Santiago Peña, rubricar esos decretos. Para dar seguimiento al caso, pidió ayer al presidente de Diputados, Raúl Latorre, convocar a los representantes de la Procuraduría y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para identificar a los responsables de estas gestiones.
665 millones de dólares es la inversión planificada por la firma británica para su planta en Paraguay.
En cuanto al impacto económico y tarifario, el diputado rechazó por completo el otorgamiento de cualquier tipo de tarifa diferenciada para Atome. Explicó detalladamente que esta medida afectaría de forma severa a la estatal eléctrica y, en consecuencia, a todos los paraguayos, ya que una tarifa preferencial funciona en la práctica como un subsidio que terminarán pagando los demás ciudadanos en sus facturas. Advirtió que la ANDE ya se encuentra enormemente perjudicada, arrastrando actualmente un déficit que ronda los USD 300 millones.
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Finalmente, el legislador alertó que subsidiar a un grupo empresarial aumentará este déficit de la institución eléctrica, lo que irremediablemente resultará en que los ciudadanos terminen asumiendo el costo mediante una tarifa de energía “disparada” cuando se deban pagar las obras.
Notificación corresponde a matriz de la empresa en Londres, aclaran
James Spalding, representante de la firma en el país, precisó que las notificaciones y gestiones dirigidas al Gobierno nacional corresponden de forma exclusiva a la matriz del grupo, Atome PLC, radicada en Londres, Reino Unido, y no a la filial local.
15 años de energía con un precio bajo, fijo y en dólares, es lo que requiere Atome para su recupero.
El alto ejecutivo de la firma internacional aclaró a ÚH que los temas planteados en la comunicación oficial no entran en el campo de acción de Atome Paraguay. En ese contexto, remarcó la necesidad de especificar la procedencia de la notificación, al advertir que en el debate público se ha venido instalando información errónea sobre las competencias y el alcance de la representación en el país.
Spalding reiteró que las decisiones y posturas institucionales difundidas recientemente responden directamente a las directivas emitidas desde la sede central en territorio británico, deslindando la responsabilidad del equipo operativo local.
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La empresa británica Atome PLC notificó formalmente al Poder Ejecutivo sobre la existencia de una controversia de inversión que podría desembocar en una demanda multimillonaria ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta medida responde a la derogación de los decretos del Poder Ejecutivo que garantizaban las condiciones del contrato de compraventa de energía para el proyecto Villeta, una infraestructura valorada en USD 665 millones. Esto se da tras no lograr un acuerdo tarifario.
