Las constantes movilizaciones de protesta que desde hace casi una semana vienen ocurriendo en diversos puntos del país, pero especialmente en la capital, Asunción, confirman que el Paraguay atraviesa un delicado momento de estallidos sociales. Se debe principalmente al hartazgo ciudadano acumulado ante la ineficacia gubernamental en manejar la crisis de salud y evitar o castigar los hechos de corrupción.
Lo significativo es que muchas de las manifestaciones al parecer carecen de liderazgos definidos, se producen a partir de convocatorias compartidas desde las redes sociales en internet y se caracterizan por la espontaneidad y la falta de una organización sólida, siguiendo la corriente de los denominados autoconvocados o indignados que en los últimos años han emergido en diversos puntos del planeta, cuestionando no solamente a las instituciones estatales, sino también a los partidos políticos que representan a la oposición, a cuyos dirigentes se achacan vicios similares a los que caracterizan a los administradores del poder.
Al igual que lo ocurrido en situaciones similares recientes, en países como Chile o Brasil, mientras una mayoría de los ciudadanos se manifiestan en forma pacífica y democrática, también aparecen grupos pequeños radicales que incurren en actos violentos y vandálicos, que se enfrentan a pedradas o con explosivos con la policía, y que incurren en hechos vandálicos y saqueos contra la propiedad de terceros, que empañan las totalmente válidas manifestaciones cívicas.
Las autoridades sostienen que son personas “infiltradas” y existen ya varios detenidos, acusados por los delitos de perturbación a la paz pública, resistencia y vandalismo.
Sin embargo, nada de ello quita la validez de los reclamos.
La crítica situación de salud, que obedece entre otros factores a la desidia gubernamental en no haber gestionado adecuadamente el mejoramiento de la infraestructura sanitaria, no haber previsto una provisión anticipada de medicamentos esenciales, haber permitido que se produzcan graves hechos de corrupción en el manejo de los fondos de emergencia ante la pandemia, y principalmente no haber logrado la obtención a tiempo de vacunas contra el Covid, explican la indignación de gran parte de la ciudadanía que debió someterse a sacrificios de cuarentena y pérdidas de ingresos, sin que se vean los resultados.
La estrategia del presidente Mario Abdo Benítez de ocultarse y guardar silencio ante las protestas, o de responder con los lentos y esporádicos cambios de miembros cuestionados de su Gabinete, no funciona para aplacar la indignación popular.
Mucho menos aún resultan las constantes acciones represivas de la policía contra grupos de manifestantes, situaciones que solo exacerban aún más los reclamos.
Probablemente, la única manera de lograr que los estallidos sociales se aplaquen es respondiendo con soluciones realmente efectivas a las demandas de la gente.