Por un lado, es necesario reducir drásticamente los gastos relativos a bonificaciones de cualquier tipo, horas extras, pagos de vacaciones, alimentación, viáticos, pasajes. El Ministerio de Hacienda debe hacer un buen cálculo y presentar a la ciudadanía los rubros, los montos que representan y los plazos de racionalización. Muchos de estos rubros deberán ser eliminados definitivamente en algunos casos, y en otros deben ser sujetos de profunda reforma.
Por otro lado, los salarios de la alta gerencia deben ser reducidos a los niveles que exige un país que está en crisis, no solo fiscalmente sino toda su población. El 90% de las familias van a vivir con pocos recursos, el 10% restante debe hacer el mismo sacrificio.
La salida de la crisis exige un esfuerzo de todos. Este esfuerzo no puede resolverse con un incremento indefinido de la deuda para financiar a un sector que está siendo privilegiado. Si bien el derecho al salario de los funcionarios públicos debe ser respetado, el ajuste de los cinturones debe ser para todos.
La mayor parte de la ciudadanía está sufriendo los problemas del trabajo informal que no lo tienen los funcionarios públicos. Esto significa casi nulos ingresos durante tres meses y pocos ingresos en cuanto se flexibilice la cuarentena.
Los funcionarios públicos cobrarán los salarios tal como lo venían cobrando. Eso no está mal. Pero así como el resto se sacrifica, el servicio civil también debe poner de su parte reduciendo gastos y si es necesario reduciendo sus ingresos.
No es posible vivir en un país en el que la inmensa mayoría esté sufriendo mientras un sector no menor gana 20 o 30 veces más que el promedio. Estamos en crisis y todos debemos poner de nuestra parte.
Al inicio de la crisis se habían detectado numerosas vías para reducir los gastos en el sector público de manera a crear un fondo que permita financiar en parte la crisis fiscal por la que atraviesa y seguirá atravesando el país.
Es hora de que todos asumamos el compromiso de sacar al país adelante sin hipotecarlo en el futuro. La solución no puede ser seguir endeudándonos para financiar el alto costo que tiene el servicio civil. Ojalá entendamos que es necesario revisar la estructura de gastos y hacerla no solo más racional sino también más justa, de manera que la ciudadanía también sienta que su sacrificio vale la pena en términos de los servicios públicos que recibe.
Hoy, la ciudadanía siente que paga impuestos a cambio de servicios de mala calidad, mal trato por parte de los funcionarios, que en algunos casos también han demostrado desidia y pésima gestión. Solo basta preguntar qué opinan las personas del sistema judicial. Es hora de empezar a hacer los cambios para crear un servicio civil que acompañe las demandas ciudadanas y legitime el rol del Estado.
