OpiiniEl último informe del FMI presentado a fines de marzo en el marco del acuerdo vigente con Argentina describe la situación de la economía y la evolución esperada por ellos. El Gobierno Federal tiene un déficit fiscal crónico con un plan de ajuste gradual comprometido en el acuerdo. Según el FMI, para el 2023 se proyecta un déficit fiscal primario del 1,9% del PIB, que sumado a pagos del servicio de la deuda por 9,0% del PIB, resulta en una necesidad de financiamiento de casi 11% del PIB. El Gobierno mantiene el compromiso de una importante reducción de los programas de asistencia social y en subsidios a consumidores de energía equivalentes al 1,5% del PIB, fundamental para lograr la meta de déficit, pero de difícil cumplimiento en un año electoral donde el ministro de Economía es precandidato. El Banco Central no dispone de reservas internacionales netas y este año el ingreso de divisas será menor por efecto de la sequía en las exportaciones agrícolas. Además, el FMI estima un atraso cambiario de entre el 10 y el 25%, y para corregirlo sugiere acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial por encima de la inflación, además de eliminar las distorsiones cambiarias. Así las cosas, la inflación real y esperada y la brecha cambiaria aumentaron sustancialmente en las últimas semanas. En respuesta, el Banco Central incrementó la tasa de interés y el Tesoro tuvo que ofrecer coberturas por devaluación, inflación y la utilización de bonos como encaje para lograr refinanciar gran parte de los vencimientos de bonos locales. Pero esta combinación de factores sigue representando una alta vulnerabilidad a ataques especulativos contra el peso, cuya devaluación irá acelerándose en los próximos meses y, aunque es poco probable aún, no podemos descartar una hiperinflación.
Por otro lado, el candidato presidencial Javier Milei plantea la dolarización, un cambio irreversible del régimen monetario, como un atajo para bajar la inflación de manera rápida y evitar el largo periodo que requiere un plan de estabilización para ganar credibilidad. Una idea atractiva considerando la historia económica argentina, pero de costosa y difícil implementación. Dolarizar sin reservas provocaría un colapso económico por un corte masivo de la cadena de pagos y el Banco Central no cuenta con los dólares requeridos para rescatar la base monetaria en pesos, que a fines del 2022 representaba el 6,2% del PIB, cerca de USD 30.000 millones. Además, se requiere un monto similar en líneas de crédito contingentes disponibles para respaldar al sistema financiero ante eventuales crisis de liquidez. Sin embargo, si bien la dolarización impide el financiamiento monetario del déficit, ella no resuelve la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos, causa última de la inestabilidad económica. Además, hay que considerar las pérdidas en concepto de señoriaje y las implicancias de no disponer de política monetaria propia para mitigar los ciclos económicos y el impacto de choques reales internos y externos en la actividad y el empleo, aunque sea de escasa eficacia en el caso argentino, dada su falta de credibilidad por el abuso de sucesivos gobiernos. Y, en el contexto actual, esta discusión agrega incertidumbre y especulación respecto al valor de rescate de los pesos, reduciendo aún más su demanda que ya viene en picada, aumentando el riesgo de una hiperinflación.
Los próximos meses serán muy difíciles para los argentinos. También para los países vecinos que ya venimos sufriendo el contrabando por efecto de su política cambiaria. Sin embargo, hay una aparente conciencia de los distintos sectores políticos de que la prioridad en el próximo periodo es ordenar y estabilizar la economía como base para recuperar la confianza e incrementar la inversión y el crecimiento económico, para así mejorar las oportunidades y el bienestar de la gente de manera sostenible. Esto también redundará positivamente en nuestra economía y en toda la región en su momento.
