El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dispuso este jueves la desclasificación de toda la documentación relacionada con el atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y aún permanece impune.
Fernández ordenó mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial la “desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos existentes en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional”.
El decreto otorga el carácter de “público” a toda la información brindada desde el Estado para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, aunque resguardando la identidad de los agentes que declararon en los procesos.
También quedará exceptuada la información relativa a representantes de otros países, en particular sobre la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros.
Fernández había anticipado la medida durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo.
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Tras “26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, servicio secreto) desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”, dijo el domingo el mandatario.
El ataque explosivo al centro comunitario judío ubicado en el céntrico barrio de Once de Buenos Aires, ocurrido el lunes 18 de julio de 1994, fue el peor atentado que sufrió Argentina en su historia y es atribuido por la Justicia al entonces Gobierno iraní y al partido libanés Hezbollah, aunque aún no se dictó sentencia.
Ocurrió dos años después del atentado contra la Embajada de Israel en la capital argentina, con un saldo de 29 muertos.
La Justicia argentina atribuye la autoría del ataque a la AMIA a Irán, con el ex presidente Akbar Hasemí Rafsanyani, fallecido en enero de 2017, y el ex ministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí entre los sospechosos, pero aún no se ha logrado la detención de los imputados.
El decreto firmado por Fernández subraya que mantener documentos clasificados de carácter no público relacionados con el accionar de los organismos de inteligencia o de cualquier organismo vinculado a la investigación del atentado “resulta contrario a la búsqueda de la verdad”.
“Resulta imperioso comenzar un trabajo definitivo sobre la información relacionada al citado atentado y su encubrimiento, disponiendo medidas de carácter urgente, a fin de impulsar un proceso de transparencia y publicidad en el manejo de información existente en el ámbito estatal”, sostiene la norma.
