El Senado argentino aprobó ayer un austero presupuesto para 2019 con el fin de lograr el equilibrio fiscal que le asegure al país el auxilio financiero de 56.000 millones de dólares pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El respaldo político al plan de ajuste que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri se produce semanas antes de que Argentina albergue la cumbre de líderes del G-20.
La votación fue de 45 senadores a favor, 24 en contra y una abstención, al cabo de más de 12 horas de debate mientras en los alrededores manifestantes repudiaron los recortes en salud, educación, vivienda, obra pública, cultura y subsidios sociales.
Aunque la alianza oficialista Cambiemos no cuenta con mayoría en el Parlamento, el Gobierno obtuvo el apoyo clave de un sector del Partido Justicialista (oposición).
El presupuesto es de ajuste en el marco de una crisis que voló todo por el aire, votar en contra sería una muy mala señal a nivel internacional, justificó en su discurso Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque justicialista.
A lo largo del día, sindicatos y movimientos sociales se manifestaron en los alrededores del Congreso, pero la participación fue menor a la del 24 de octubre, cuando el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados en medio de disturbios que llevaron incluso a interrumpir la sesión. “El pueblo está en contra de este presupuesto, estuvo en contra de pedir préstamos al FMI, pero hay oídos sordos”, se lamentó Ana María de Jesús, de 67 años, una de las manifestantes. La ex presidenta Cristina Fernández, actual senadora y una de las principales opositoras, sostuvo que el presupuesto para 2019 es en realidad una planilla diseñada para cumplir con el déficit cero al que se comprometió el Gobierno ante el FMI. “No se sale de la recesión ajustando el gasto público, porque lo que vamos a hacer es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina”, aseveró la ex mandataria.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, admitió que esto nunca se había hecho en Argentina sin que caiga el gobierno, un ajuste fiscal de esta magnitud. “Mas allá de recurrir a impuestos transitorios, no recurrimos a controles de capitales, cepos, confiscaciones ni represión financiera”, detalló el ministro.