El senador Rafael Filizzola calificó la iniciativa como “desprolija e ilegal”, alertando que “el procedimiento de despeje de la franja de dominio podría durar años, por los previsibles conflictos judiciales que solo el gobierno no anticipa”. Consideró también al plan como “arbitrario” porque puede fijar “un antecedente sumamente peligroso, que pone en peligro el derecho a la propiedad y el propio Estado de derecho, que merece un debate serio y mesurado, y no ser tratado a las apuradas y de manera populista”.
CRÍTICAS. El senador señaló que el gobierno presenta una nueva ley para el mismo fin, una propuesta “peor que la anterior”, denominada “De la reforma del tren de cercanías”. “No se puede reformar algo que no existe”, fustigó.
Además, Filizzola cuestionó que en la exposición de motivos, el Ejecutivo dice que la obtención del grado de inversión, de la calificadora Moody’s, hará que el Estado obtenga capital “a condiciones más competitivas”. “¡Mentira! No hay manera de obtener financiación a una tasa menor del 1%, como ofrecían los coreanos”, aclaró.
Igualmente, señaló que se mantiene la figura del fideicomiso en el proyecto, pero se excluye de la aplicación de la Ley 1535 de Administración Financiera, a pesar de que están previstos aportes del Estado. “Incluye una declaración de interés público y expropiación genérica (art. 17), pero la Constitución establece que cada una de estas será determinada en cada caso (art. 109). El gobierno pretende expropiar de manera general, y luego determinar qué es lo que se expropia. Además de increíble, inconstitucional”, alertó el parlamentario.
Por si fuera poco, lamentó que la propuesta determina que son los propietarios los que deben acercarse al MOPC para presentar sus títulos, si desean acceder a indemnizaciones, y que si no lo hacen “podrían no ser indemnizados como establece la Constitución”.
“El mismo procedimiento para los arrendatarios de propiedad de dominio privado municipal, se produce con la amenaza de desalojo por orden judicial (art. 18, inc. b). Los ocupantes precarios serán reubicados supuestamente”, indicó, añadiendo que se expone al Estado a altos costos sin garantizar una solución al transporte.
