Lilian Samaniego explicó que la normativa busca cubrir el vacío legal en la legislación al respecto.
Citó que en el año 2023 la CIDH sancionó al Paraguay evidenciando las falencias en el sistema judicial que tardó 17 años en resolver un caso de sustracción ilícita de un menor.
“A pesar de haber ratificado tratados internacionales, seguimos sin una legislación específica prolongando innecesariamente los procesos y afectando a los niños y sus familias”, indicó.
La autoridad máxima en esta ley será el Ministerio de la Niñez, se tendrán autoridades definidas y la competencia de un juez, de manera a garantizar la restitución rápida.
