La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA), con posturas marcadamente divididas entre legisladores oficialistas y opositores. De esta manera, el proyecto que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Juan Manuel Añazco, presentó el dictamen señalando que el instrumento busca dar un marco legal a la cooperación ya existente entre ambos países.
“El acuerdo no trata sobre ceder soberanía ni permitir la presencia irrestricta de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. Se trata, por el contrario, de establecer reglas claras, transparentes y jurídicas para una cooperación internacional que hoy carece de un marco normativo adecuado”, sostuvo.
Añazco argumentó que Paraguay enfrenta desafíos de seguridad cada vez más complejos, como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y las amenazas cibernéticas.
Recordó además que el Gobierno declaró como organizaciones terroristas al PCC y al Comando Vermelho, por lo que consideró estratégica la cooperación con Estados Unidos.
“No se puede declarar la guerra al terrorismo y simultáneamente rechazar el marco legal que permite recibir la asistencia del aliado más capacitado en la materia”, afirmó.
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El legislador también aseguró que el acuerdo no implica la instalación de bases militares ni la cesión de territorio, sino que regula la presencia temporal de personal extranjero en actividades de entrenamiento, asistencia técnica y cooperación humanitaria.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el diputado Pedro Ortiz, pidió acompañar el proyecto.
Explicó que este tipo de acuerdos es utilizado regularmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para regular la participación de fuerzas armadas en misiones internacionales y sostuvo que permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas paraguayas mediante entrenamiento conjunto, intercambio de experiencias y asistencia técnica.
“El acuerdo establece un marco claro y previsible que regulará la presencia temporal de militares y civiles extranjeros, garantizando que las actividades se desarrollen respetando la soberanía nacional y el orden jurídico paraguayo”, indicó.
Críticos
Sin embargo, el diputado Raúl Benítez cuestionó el acuerdo y advirtió que podría afectar la soberanía nacional. “Exijo como paraguayo que se respeten la soberanía de nuestro país y nuestra Constitución”, afirmó.
Benítez sostuvo que el debate no se limita a un acuerdo técnico, sino a una discusión de principios republicanos. “Un Estado soberano no puede aceptar que dentro de su territorio existan actores que no estén plenamente sometidos a su jurisdicción”, expresó.
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El legislador también criticó que el acuerdo contemple inmunidad jurídica y privilegios fiscales para personal extranjero y contratistas, lo que –según dijo– podría limitar la capacidad de intervención de los tribunales paraguayos. “Si un contratista choca ebrio, el Estado paraguayo no tendría jurisdicción penal. Eso rompe con el principio de igualdad ante la ley”, sostuvo.
Asimismo, acusó al oficialismo de cambiar su postura sobre Estados Unidos según la conveniencia política.
“Cuando se designó significativamente corrupto a Horacio Cartes, eran antiimperialistas; hoy son absolutamente proimperialistas. El oficialismo adapta su postura según su interés personal”, resaltó.
“La soberanía se erosiona lentamente cada vez que un país acepta excepciones a su propia ley”, subrayó.
“Usar y abusar”
En tanto, Adrián Billy Vaesken dijo que “este acuerdo SOFA literal es el ‘usen y abusen del Paraguay’. Es lo que el líder de ustedes, Horacio Cartes, acuñaba cuando alocucionaba ante algunos brasileños hace unos años”.
Vaesken argumentó su postura citando varios artículos del acuerdo, señalando que el texto concede privilegios, exenciones e inmunidades al personal de Estados Unidos similares a los otorgados al personal administrativo y técnico de misiones diplomáticas.
Según explicó, el documento también establece que el personal estadounidense podrá entrar y salir del país con identificación propia y órdenes de movimiento, además de quedar exento del pago de impuestos y de diversos controles aduaneros.
El legislador criticó que el acuerdo permita introducir al país equipos, tecnología, suministros y otros bienes sin restricciones ni inspecciones.
Asimismo, cuestionó disposiciones que permitirían al Departamento de Defensa de los Estados Unidos introducir aeronaves, buques y vehículos al territorio paraguayo y desplazarse libremente.
También advirtió que el acuerdo habilita a ese organismo a contratar obras y servicios en Paraguay bajo legislación estadounidense, sin restricciones para elegir contratistas.
“Tácitamente van a construir una base militar aquí en Paraguay”, sostuvo.
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El diputado además alertó que el convenio podría facilitar el acceso a información estratégica del país.
“Estamos entregando valiosa información de nuestros recursos naturales, de nuestros acuíferos como el Acuífero Guaraní y el Acuífero Patiño, además de recursos minerales como el oro, el litio y el uranio”, expresó.
Vaesken sostuvo que aprobar el acuerdo implicaría una cesión de soberanía.
“Entrega total de la soberanía paraguaya. Dar paso a este acuerdo es ser un verdadero legionario, es ser un antipatriota”, manifestó.
Cuestionamientos
Los principales cuestionamientos sobre el Acuerdo SOFA giran en torno a dos puntos. El primero es la jurisdicción penal, que establece que los militares y contratistas norteamericanos no podrán ser juzgados por las leyes paraguayas si cometen delitos en el país. Lo segundo es la presencia temporal, ya que no se establece el periodo de tiempo que estarán en Paraguay.
