La Junta Municipal de la ciudad de San Lorenzo, integrada por doce concejales, dio ayer un respiro al intendente Albino Ferrer, al resolver que una auditoría externa sea la que dictamine, previo análisis del informe de 80 biblioratos entregados en la víspera por Ferrer sobre su gestión, si el cuestionado intendente colorado hizo o no bien su gestión. Un grupo de concejales presentó varias causales para la intervención.
De esta forma Ferrer gana tiempo ante la intervención que solicita la ciudadanía de este distrito, a la luz de todas las pruebas entregadas por algunos de los concejales que abogan por una medida.
Los concejales de San Lorenzo, en sesión extraordinaria, dieron entrada a un voluminoso informe de Ferrer, que buscaba refutar las 15 causales de intervención en su contra. Con la decisión de auditar, Ferrer tendrá de vuelta 20 días para maniobrar y operar en la Junta para que los siete votos que podrían motivar su intervención no se lleguen a concretar.
La empresa que auditará su gestión es Cobamos Consultores y Auditores y fue seleccionada durante el segundo punto de la extraordinaria de la víspera. Su elección fue rápida y la discusión se centró más bien en el plazo en el cual la auditoría debería entregar sus resultados.
Pese a las airadas quejas ciudadanas por no consentir el pago de una auditoría externa en vista de que se carga en el contribuyente, no hubo otro modo puesto que Contraloría no puede entrar en el Municipio por obra y gracia de una inconstitucionalidad promovida por Ferrer.
Para el presidente de la Junta, Carlos Ferreira, de extracción colorada y quien respondería a Ferrer, era prudente dar hasta 20 días de plazo a la consultora, propuesta secundada por el concejal liberal Ovidio Ortiz.
Por su parte, el concejal liberal Freddy Franco consideró exagerado el tiempo “en vista de la ansiedad de la gente por tener una respuesta y las manifestaciones venideras”.
Cabe recordar que entre las causales para la intervención están las del incumplimiento y pago indebido con los fondos del Fonacide en construcciones y reparaciones de escuelas; otros incumplimientos en la fiscalización de obras; denuncias de nepotismo y la contaminación del arroyo Tayuazapé, que queda al lado del balneario cuya propiedad es del intendente Ferrer.
RESPIRO. El concejal Nery Quiñónez, autor del documento que contiene las causales en contra de Ferrer, señaló que la Junta solo tiene que cumplir la ley y no dar vueltas, en el sentido de que solo debe aceptar o rechazar la propuesta.