Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paraguay se ubica entre los países con las tasas de reemplazo más altas de la región, superiores al 80%, e incluso del 100% en algunos sectores. Al mismo tiempo, presenta una de las coberturas más bajas; apenas uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión. Esta combinación, beneficios elevados para pocos y desprotección para la mayoría, no solo es fiscalmente insostenible, sino socialmente regresiva.
La experiencia regional ofrece lecciones claras. Países como Brasil, Uruguay y Chile avanzaron en reformas que, aunque impopulares, reconocen una realidad ineludible de que la población envejece, la esperanza de vida aumenta y los sistemas diseñados décadas atrás ya no resisten las presiones demográficas actuales. El denominador común de estas reformas ha sido elevar la edad mínima de jubilación, ampliar los años de aporte y revisar fórmulas de cálculo de beneficios, especialmente en los regímenes especiales.
Paraguay, en contraste, sigue siendo una excepción con regímenes especiales, docentes sin edad mínima de retiro, policías que pueden jubilarse con apenas diez años de aporte y militares sin un umbral etario obligatorio colocan al país como uno de los que permite las jubilaciones más tempranas de toda América Latina. Este esquema no solo presiona crecientemente a la Caja Fiscal, sino que traslada el costo a toda la sociedad vía impuestos, beneficiando a grupos específicos en detrimento del resto.
Mirar la experiencia extranjera no implica copiar modelos de manera automática, sino adaptar principios. El caso uruguayo es ilustrativo. La reforma de 2023 no eliminó beneficios de un día para otro, pero sí estableció un marco común, elevó edades mínimas y buscó ordenar un sistema fragmentado. Chile, por su parte, avanzó en cambios orientados a mejorar la sostenibilidad y la equidad, reconociendo que sin ajustes estructurales el sistema simplemente colapsa.
Otro problema adicional que enfrenta el país es la baja cobertura activa. Solo el 22% de la población económicamente activa aporta a un sistema previsional. Esto significa que, aun manteniendo beneficios generosos, la mayoría de los trabajadores llegará a la vejez sin protección. La consecuencia ya es visible: Más del 50% de los hombres mayores de 65 años sigue trabajando, no por elección, sino por necesidad.
Persistir en un sistema deficitario, fragmentado y excluyente no es una opción responsable. La experiencia internacional muestra que cuanto más se demora la reforma, más costosa y traumática resulta. La región ya transitó el camino que Paraguay todavía evita. La pregunta ya no es si se debe reformar el sistema previsional, sino cuándo y con qué costo social y fiscal. Y, como muestran los ejemplos vecinos, cuanto antes se actúe, menos doloroso será el ajuste.
