El Gobierno reactivo la participación del financiamiento privado en la obra pública mediante Alianzas Público-Privadas y contratos “llave en mano”. “El Estado no puede cubrirlo todo. Por eso, nuestro gobierno ha reactivado aquello que quedó hace unos años dormido”, resumió la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, al defender la modalidad.
Bajo este esquema fueron desarrolladas la Ruta 1, la Ruta 10 y un cuestionado viaducto de casi 4 kilómetros, mientras que el tan esperado tren de cercanías sigue en etapa de diseño. Según Centurión, la Ruta 1, una obra de casi 500 millones de dólares y la Ruta 10 ya tienen financiamiento cerrado con apoyo del BID Invest. En el caso de la primera, el proceso se completó en solo diez meses, resaltó.
Desde el sector privado, Eduardo Bloomberg, director ejecutivo de la empresa Tocsa, explicó que en los contratos “llave en mano”, el contratista asume el riesgo técnico y financiero durante la construcción.
Sin embargo, el ex ministro de Hacienda César Barreto advirtió que cada APP implica, de todas maneras, pago futuro por largos periodos, lo que reduce el margen de los recursos disponibles para infraestructura; y también el pago de peajes, una opción sujeta a análisis mencionada por Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC.
El debate deja en evidencia que el gran desafío del sector será equilibrar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la urgencia de infraestructura.
