Los cuatro ex legisladores que hasta el momento pagaron sus multas son Marlene Ocampos y Tomás Rivas de la ANR. Además de Juan Villarejo y Fidel Zavala, ambos del partido Patria Querida (PPQ). Los tres primeros son ex diputados y el último fue senador en el periodo pasado.
En la lista aparece Fernando Lugo, ex presidente de la República y ex senador en dos periodos consecutivos. También se encuentran los polémicos diputados colorados Hugo Ramírez, Ulises Quintana, Miguel Cuevas, Néstor Ferrer, entre otros más.
Por parte de la oposición, aparecen Gilberto Tony Apuril, Georgia Arrúa, Pedro Santa Cruz, entre otros más.
INCUMPLIMIENTO. La Contraloría emitió multas a ex legisladores por no cumplir con la Ley 5033/13, pero no existe en la legislación forma de castigar el incumplimiento a los que ya no vuelven a ingresar a la función pública.
La mayoría de las autoridades presentaron sus declaraciones juradas de manera tardía, pero varios siguen sin presentarlas como los casos de Néstor Ferrer y Carlos Noguera, diputados de la ANR y del PLRA, respectivamente.
De acuerdo con la planilla de sumarios concluidos del 2020 al 2024 por la Dirección de Procedimientos Sumariales de la CGR, accedidos vía información pública por ÚH, se observa cómo un total de 29 ex legisladores aún no pagaron sus multas por presentación tardía o, directamente, por la no presentación de alguna de sus DDJJ.
ley. Desde la modificación de la Ley 5033/13 por la 6919/22, la multa se aplica de acuerdo con el porcentaje del salario. Estos porcentajes van desde 20 al 100% del salario, dependiendo de los días de atraso, según lo reglamentado por la CGR.
Un funcionario público tiene la obligación de presentar dos declaraciones juradas, una durante su asunción y otra durante su baja de un cargo público. Para el efecto, tiene 15 días hábiles después de la asunción o baja para cumplir con la ley.
En caso de incumplirla, empieza a correr una multa del 20% de su salario por cada 30 días de incumplimiento, llegando al 100% con el correr de los meses.
Antes de la modificación de la ley, la multa era de 300 jornales para todos (poco más de G. 3 millones al jornal actual).
En caso de que el funcionario pague la multa, pero siga sin presentar sus DDJJ, sufrirá la retención de su sueldo hasta que se ponga al día con la exigencia.
No obstante, en la situación en la que el funcionario haya dejado la función pública, la Contraloría no tiene herramientas para exigirle el cumplimiento de la presentación por baja del cargo.
Esto sucedió puntualmente con Antonio Fretes, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su última declaración jurada debía presentar en marzo del 2023, cuando se acogió al beneficio de su jubilación en la Corte.
Su última declaración fue presentada en el 2022, cuando asumió la presidencia del máximo organismo judicial. El magistrado pagó la multa pero no presentó sus DDJJ.
Los sumarios administrativos para la aplicación de las sanciones se iniciaron en el 2020 y hasta la fecha se tienen más de 1.000 sumarios concluidos.
INTENDENTES. Además de los legisladores, la lista de funcionarios morosos también la conforman unos 143 intendentes y ex intendentes que tampoco presentaron sus declaraciones juradas. Cabe destacar que, actualmente, el país tiene un total de 262 distritos.
Entre los ex intendentes aparecen César Landy Torres, de Santa Rita (actual gobernador de Alto Paraná); Rosa Agustín Guido González, de Lambaré (sigue en el cargo); Óscar Nenecho Rodríguez, ex intendente de Asunción, quien renunció a su cargo el pasado 22 de agosto.
La CGR cobró más de G. 2.000 millones en concepto de multas a funcionarios públicos por incumplimiento en la presentación de sus declaraciones juradas durante los últimos cinco años (2000-2024).
La lista está compuesta por un total de 1.032 funcionarios públicos. El total de lo adeudado es de G. 8.720 millones (USD 1,2 millones al cambio actual).
