El ex presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Sergio Escobar debía enfrentar un juicio oral y público en una causa por lesión de confianza, por resolución del juez Raúl Florentín, quien así lo dispuso en diciembre del año pasado.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación Penal Primera Sala anuló dicha resolución y además decretó la prescripción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El Ministerio Público acusó a Sergio Escobar por un supuesto perjuicio patrimonial al Estado de G. 12.000 millones durante su administración en la petrolera estatal, bajo el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).
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El daño fue supuestamente causado a través de pagos irregulares a una empresa para la electrificación de molinos en la planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche, del Departamento de Guairá. La investigación y acusación fue representada por la agente fiscal Victoria Acuña.
La representante del Ministerio Público también acusó al gerente de la planta industrial, Leoncio Saúl González, y Carlos Daniel Esquivel Isnardi, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar.
La fiscala Acuña solicitó al juzgado que todos vayan a juicio por el delito de lesión de confianza, que en los casos graves puede ser penado con hasta 10 años de cárcel.
De acuerdo con la acusación, Escobar pagó a la empresa MGA Constructora, de Michael Azuaga Ramírez, el 50% del total del contrato en concepto de anticipo financiero.
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Pero, a pesar del incumplimiento del contrato, no intimó a la firma a que cumpla con lo establecido y tampoco exigió la ejecución de las pólizas de garantía de anticipo y de fiel cumplimiento. Esto fue lo que concluyó la investigación fiscal, que causó un perjuicio al Estado por el citado monto.
El ex titular la empresa estatal recibió la pena de tres años de cárcel tras habérsele hallado culpable por los delitos de procesamiento ilícito de desechos, en el juicio oral realizado el 1 de setiembre de 2016.
En una inspección hecha en mayo del 2012, la Fiscalía y la Secretaría del Ambiente constataron que los desechos petroleros fueron lanzados en forma irregular, violando las leyes ambientales.
