El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, afirmó ayer que hay elementos sólidos para que el Ministerio Público pueda imputar al gobernador de Central, Hugo Javier González, con los recursos otorgados durante la pandemia.
Auditoría del Ejecutivo constató una serie de irregularidades en el manejo de G. 6.382 millones entregados a una fundación y al consejo de salud departamental.
El ministro Anticorrupción dijo que hay muchas observaciones realizadas a la rendición de cuentas y que en este caso el administrador (Hugo Javier) tendrá que hacer su descargo para finalizar el trabajo de auditoría.
“Sobre facturas que sustentan los gastos, nosotros decimos que son inconsistentes”, afirmó Fernández en declaraciones a la 1080 AM.
Mencionó el caso de un local de ventas que llegó a facturar por un estudio de impacto ambiental. La Auditoría del Poder Ejecutivo concluyó en su informe que desembolsaron G. 976 millones para estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente informó que la base de datos del Catastro Técnico no tiene registro a nombre de Édgar Daniel Arriola (Asunción Ofertas).
IMPUTACIÓN. El ministro sostuvo que en la mayoría de las obras, los documentos son inconsistentes, porque algunos no tenían fecha.
“Están los elementos probatorios requeridos para una imputación (...) creemos que existen elementos para la imputación, si desde la Fiscalía no se da esa decisión, la postura institucional debe ser justificada”, sentenció el secretario de Estado.
Hasta el momento no hay señales justamente de si el Ministerio Público hará o no una imputación contra el gobernador de Central, funcionarios de alto rango y empresas implicadas.
El informe preliminar de la Auditoría fue remitida a la Gobernación de Central para su descargo ante la serie de objeciones presentadas luego de la observación in situ de las obras.
FUNDACIÓN. Hugo Javier transfirió la suma millonaria de G. 5.105 millones entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la construcción de obras, mantenimiento y mejoras de espacios públicos. Le llamó la atención a los investigadores que se haga esta entrega a pesar de que la organización civil tiene como función la capacitación y formación profesional.
Durante la auditoría se constató que los comprobantes de la utilización de fondos durante la pandemia son llamativamente diferentes.
Observaron inconsistencias en las documentaciones por G. 1.350 millones. Aparece la construcción de un canal a cielo abierto que fue encargado al ingeniero Óscar Gaete y empedrados a cargo del ingeniero Óscar Morel. En la rendición figuran en el rubro de espacios públicos.
Otra irregularidad llamativa es que aparecen algunas facturas contadas por G. 1.242 millones con fechas anteriores a la expedición y efectivización de los cheques.
El Ejecutivo envió notas a los proveedores. Aparece el caso de la empresa Mais SRL, que figura en la dirección Raquel Barrett Nº 6581 casi Conradi de la ciudad de Asunción.
Sin embargo, en el lugar señalado se encontró un condominio cerrado, sin ningún cartel que haga referencia a la empresa en cuestión, refiere el informe oficial del equipo de auditores del Gobierno.
A principios de julio, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) presentaron una denuncia ante la Fiscalía tras detectar la existencia de un supuesto esquema de falsificación de facturas.
Hugo Javier se expone a una pena carcelaria de 5 a 10 años por rendición de cuentas amañadas. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía.
G. 6.382 millones es el fondo millonario que recibió Hugo Javier durante la pandemia y hay sospechas de malversación.
G. 976 millones desembolsaron para estudio de impacto ambiental. No hay registro en Ambiente de Édgar Arriola.
G. 5.105 millones fue lo que la Gobernación de Central transfirió a la fundación CIAP para ejecución de obras.