26 abr. 2024

Ante la emergencia, necesitamos un Estado que sea para todos

Desde que se desataron la epidemia y el debate sobre las políticas para enfrentarla también surgió la necesaria discusión sobre el financiamiento de la emergencia sanitaria y de la recuperación económica. Como nunca antes quedó expuesto que para un sector importante de nuestra economía el discurso de un Estado innecesario e inútil es solo para cuando las necesidades son de los otros. Cuando las emergencias comprometen los beneficios de ese sector reclaman la presencia del Estado sin haber aportado lo suficiente en los tiempos de bonanza. Esperemos que esta experiencia sirva para mostrar de una vez por todas que necesitamos un Estado para todos.

El análisis retrospectivo de las crisis financiero-bancarias y agroclimáticas, pero también de la acción en tiempos normales, muestra el doble discurso de algunos sectores sobre el rol del Estado.

Estos sectores exigen al sector público inversión en infraestructura y cuentan con instituciones que colaboran con la generación de capacidades en el sector productivo, como las investigaciones para adaptar semillas, los controles para estándares internacionales requeridos a la hora de exportar, apalancamiento al sector financiero, entre otras funciones, para que al sector privado le vaya bien.

Y no está mal que el Estado tenga presencia en estos ámbitos. Lo que no está bien es rehusarse a financiar de manera proporcional a los beneficios que reciben no solo de las políticas públicas, sino del buen desempeño macroeconómico, y además hacer una campaña en contra cuando las políticas públicas benefician a otros sectores.

La crisis bancaria de los 90 fue una de las políticas más costosas que tuvo este país y permitió sentar las bases para el buen funcionamiento actual del sistema financiero, cuyos réditos económicos han sido importantes en las últimas décadas.

Entre 2009 y 2011 el Estado también implementó medidas que beneficiaron a todos los sectores, incluyendo a los que critican el rol del Estado, para reducir el impacto de la crisis financiera internacional.

Frente a esta pandemia hay un esfuerzo gigantesco público, dado el reducido tamaño que tiene nuestro sector público, por mitigar al menos en parte las consecuencias negativas.

Sin embargo, resalta el escaso compromiso que algunos sectores demuestran.

A la par que se niegan a contribuir con este esfuerzo en la misma medida en que se han beneficiado de las políticas estatales y el buen desempeño macroeconómico de los años anteriores, se resisten a hacer un esfuerzo para que el sacrificio no se distribuya de manera desigual.

En este momento, la mayor parte del país va a perder mucho, y todavía no es posible dimensionar cuánto.

Algunos perderán todo lo que tienen.

Los trabajadores perderán sus empleos, incluyendo aportes jubilatorios de años, con lo cual también perderán la oportunidad de una vejez digna.

Muchas mipymes cerrarán, otras deberán empezar de nuevo y seguramente una mínima parte podrá resistir y continuar como antes.

Habrá que ver qué ocurre con los adolescentes y jóvenes que están estudiando y corren el riesgo de abandonar los estudios.

Los que abandonen difícilmente retornen al estudio perdiendo los años invertidos y quedando con bajas credenciales educativas para toda su vida.

Las pérdidas no serán coyunturales. En muchos casos implicarán consecuencias que se prolongarán en el largo plazo.

Lo que hay que entender es que los efectos no serán homogéneos para todos y quienes los sufran menos deberían contribuir más, no solo en términos del financiamiento de las respuestas a la crisis, sino también en cuanto al sacrificio que deberán hacer.

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