A partir del 1 de abril pasado, el salario mínimo vital y móvil avanzó a 221.052 pesos argentinos (USD 246 al tipo de cambio oficial actual), desde 202.800 pesos, para todos los trabajadores que cumplen la jornada legal completa de trabajo cada mes. A partir del 1 de mayo último, asciende a 234.315,12 pesos (261 dólares).
El Gobierno de Javier Milei había convocado al Consejo Nacional del Empleo para discutir el salario mínimo vital y móvil de Argentina para el 30 de abril pasado, un día antes del Día Internacional de los Trabajadores, pero las partes no llegaron a un acuerdo, y el Ejecutivo debió interceder al igual que hizo en febrero pasado.
“La representación de los trabajadores unificó las propuestas”, que fue “rechazada por el sector representativo de los empleadores, motivo por el cual, no hubo consenso”, entonces el Ejecutivo se encontró “en la obligación de emitir un laudo”, dice la resolución de la Secretaría de Trabajo. La convocatoria se lanzó en medio de un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que la inflación interanual trepó en marzo al 287,9% y en el primer trimestre se situó en el 51,6% contra un aumento del 30% en el sueldo mínimo.
RÁNKING DE RSF. Por otra parte, el Gobierno rechazó el informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en cuyo ránking –conocido este viernes en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa– Argentina cae 26 puestos.
“El 11 de diciembre, cuando inauguramos estas conferencias, dije que para nosotros, como Gobierno, en lo general, y en lo particular por mi pasado en los medios de comunicación, que siempre iba a respetar la libertad de prensa en lo que a mi ámbito correspondía”, indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo).
Precisamente, este viernes se conoció que el Ejecutivo estaba procediendo al cierre de las corresponsalías provinciales de la agencia estatal Télam, cuyo cierre anunció el presidente Javier Milei, el pasado 1 de marzo, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y cuyos trabajadores llevan casi dos meses “dispensados” de trabajar.
“Si la agencia está cerrada porque los trabajadores están dispensados, no tiene sentido tener corresponsalías en el interior del país”, afirmó el vocero en respuesta a una pregunta por la situación de la agencia pública de noticias.
Adorni aseveró que el Ejecutivo no tiene “sesgo de ningún tipo con nadie” e indicó que “es parte de un principio que enseña este oficio, que, además de la ecuanimidad y el profesionalismo, también la libertad de prensa pasa por ejercer la vocación sin ningún tipo de condicionamiento”.
Según el informe de RSF, el cierre de Télam es uno de los ejemplos de la degradación de la libertad de prensa en Argentina.
