Ninfa Graciela González, una docente oriunda de Carayaó, Departamento de Caaguazú, se encuentra asfixiada financieramente, ya que no puede acceder a ningún préstamo ni hacer ningún movimiento financiero, porque figura como morosa en Informconf, entidad que se niega a limpiarla de su registro hasta que se finiquiten sus causas, cuyos expedientes están perdidos.
Desde el 9 de mayo del 2025, específicamente hace un año y un mes, hay un pedido oficial de la Defensoría Pública en el despacho del Juzgado de La Encarnación, de reconstruir tres expedientes que desaparecieron.
A partir de esa fecha se sucedieron las presentaciones de urgimientos para que el Juzgado saque una resolución, pero hasta la fecha sigue sin respuesta.
El caso. La historia de Ninfa es desgarradora. En el 2007, a su hijo le habían diagnosticado un tumor de mama y entró en el trajín de los oncológicos que te trastoca la vida; con su hijo iba y venía al Instituto del Cáncer de Areguá. En uno de esos recorridos, se encontró con el “secretario” de Miguel Ángel Gómez Ibarra, el que iba a ser su verdugo desde ese día.
Le ofreció un préstamo de 1 millón de guaraníes, que debía pagar en 12 cuotas mensuales de G. 160.000. Ella accedió porque necesitaba el monto, tenía que pagar medicamentos y quimioterapias de su hijo.
El crédito era “especialmente para enfermos”, le dijeron para embaucarla y ella cayó: “Como anillo al dedo”, se dijo, ya que en el Instituto de Previsión Social (IPS) le habían dicho que no le cubriría todo su tratamiento.
A Ninfa Graciela González ese día le hicieron firmar 36 autorizaciones de descuentos, en papel carbónico, siendo supuestamente este un proceso “habitual”. Desde ese día, el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) le debitó mes a mes de su salario.
La casa comercial que le descontaba era Mima Novedades, que luego fue cambiando varias veces de nombre y justamente Miguel Gómez Ibarra era el dueño.
Diez años después, en el 2017, se le seguía cobrando y entonces solicitó el cese del descuento. Para ese entonces, ya se le había debitado, en total, G. 148.180.000.
Después, nuevamente Gómez Ibarra inició una acción preparatoria de juicio ejecutivo, al igual que su hija, Elisa Gómez González.
Ambos la demandaron por G. 8.100.000 pese a que la deuda ya se había saldado casi 150 veces.
Si bien en las dos causas no tienen embargos, los expedientes desaparecieron cuando estaba en poder de la entonces jueza Carmen Analía Cibils.
Ambas carpetas siguen sin reconstituirse; sin embargo, Miguel Ángel Gómez Ibarra logró con su causa inscribirla como morosa a la docente Ninfa González.
¿Los Buró en el esquema? Ya desde hace meses, la Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de los pagarés había advertido la complicidad de los buró de créditos.
Ya sea Equifax (Informconf) y Criterion SA, estos exigen que una persona “morosa” presente el finiquito judicial del juicio “para eliminar registros de deudas inexistentes o ya pagadas”.
También permiten que un particular cargue supuestas deudas como operaciones morosas, sin que el afectado sea alertado, dándoles en ese sentido un poder absoluto.
Por último y lo más grave es que los buró de créditos no verifican si los documentos que presentan son falsos o no y con todo tipo de hoja presentada, ya tienen como “deudor” y “moroso” a la persona.
Se usan estas entidades “como una suerte de mecanismo de extorsión”, describió Diana Vargas, directora de la Comisión del Senado.
El Juzgado de La Encarnación no reconstituye tres expedientes perdidos y, a la par, Informconf se niega a levantar su nombre del registro de morosos, hasta que se finiquiten los casos.
