Las bancadas de Colorado Añetete y Honor Colorado pactaron el blanqueo desde la conformación de la comisión especial, con la que pudieron tejer el plan de defensa, alegando que no existían obras fantasmas y que dejaban los hechos punibles en el ámbito penal.
Lo más llamativo fue la postura de Colorado Añetete, que mandó por un tubo a cuatro instituciones del Poder Ejecutivo, siendo bancada oficialista liderada por el mismo presidente de la República, Mario Abdo. Con esta incoherencia se pisoteó el informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que reveló falsificación de facturas por USD 1 millón, para justificar los fondos de la Ley de Emergencia por Covid-19; de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que junto con la SET presentó una denuncia ante la Fiscalía y reveló facturas adulteradas para justificar el presupuesto 2019; la Auditoría General, que constató que la Gobernación entregó dinero a una ONG que no tenía capacidad técnica ni financiera, y la Contraloría General de la República (CGR), que informó que la Gobernación no pudo respaldar gastos de su presupuesto de 2019 por G. 18.000 millones. Además, la Junta Departamental denunció irregularidades, como pagos dobles por obras ya existentes, por lo que solicitó la intervención.
Todas estas irregularidades son las que quedan cubiertas con el rechazo a la intervención, que impide que ingrese un interventor por tres meses a verificar la administración. La oposición denuncia que se quiere dejar impune el caso para mantener el esquema de robo en la Gobernación de Central.
Por otro carril sigue su curso la investigación de la Fiscalía, que imputó a Hugo Javier González y a 14 personas más por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por un caso de clonación de facturas y obras fantasmas.
No está solo. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González dijo que Hugo Javier es solo una pieza del sistema montado para dañar el patrimonio estatal y que no actúa solo. Indicó que violó leyes para desviar fondos que eran para apañar las penurias de la gente. “Quienes no votan por su destitución es porque saben que este sistema perverso debe seguir funcionando. Hugo Javier no es nadie, es apenas un delincuente de poca monta que va a terminar en el basurero de nuestra historia política, aquí los que lo sostienen quieren impedir que vaya a la cárcel, no tienen interés en Hugo Javier sino que encubren un sistema de corrupción, de robo, de fraude, y muchos esperan su turno para hacer lo mismo”, acusó la legisladora.
Apuntó a Añetete como integrante del Gobierno de Mario Abdo, diciendo que con esto da la espalda al presidente. “¿Acaso Mario Abdo no tiene ni un diputado partido por la mitad para defender sus instituciones?, y si no tiene gobernabilidad, debería irse este señor”, sentenció.
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo citó cada una de las acusaciones contra Hugo Javier que tienen respaldo documental, entre ellas, la transacción de recursos de la Gobernación a una oenegé que no rindió cuentas en 2019. “Auditoría también hizo un análisis del USD 1 millón y dijo que los procedimientos administrativos y sistema de control interno no son confiables”, recordó.
Repudió el argumento abdocartista de que las obras existen y por eso no se da intervención. “Claro que existen las obras, solamente que se pagó por algo que ya existía. Que quede claro, porque se quiere instalar que porque están las obras ya está todo en orden”, advirtió.
Mentira. El único de Añetete que habló durante la sesión fue Ángel Paniagua, quien presidió la comisión de intervención, y dijo que todo era mentira. “Jamás escuché tanta mentira, tanta falsedad. Jamás me voy a basar en un bibliorato. Las 14 obras existían, no había fantasmas”, expresó.
Vallejo le respondió irónicamente citando una “lista de mentirosos: el contralor Camilo Benítez, Óscar Orué (SET), René Fernández (Senac), Luis Cardozo (Auditoría), y todo el equipo de estos; concejales, diputados y fiscales con todo su equipo. ¡Qué muchos mentirosos! No hay mentiras, hay hechos y datos corroborados”, reaccionó.
El cartista Bachi Núñez dijo que solo se trata de una persecución política contra el gobernador.
El también cartista Derlis Maidana dijo que la Contraloría no confirmó el doble pago por obras y que solo hubo desprolijidad administrativa porque “ninguna administración es perfecta”.
El liberal Celso Kennedy afirmó que se les falta el respeto a las instituciones que hallaron hechos irregulares y que la mayor responsabilidad tienen los oficialistas al impedir la intervención.
CÓMPLICES. Abdistas ignoraron denuncias de SET, Senac, CGR y Auditoría y pactaron con cartistas.
IMPUNIDAD. Se desviaron fondos de la pandemia, cartistas defendieron y alegaron persecución.
