El programa Ñane Energía había sido aprobado en la Cámara de Senadores el 28 de marzo pasado y posteriormente recibió modificaciones en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja. Luego de una larga discusión entre los parlamentarios que defendían la versión del Senado (principalmente, los liberales) y los que aseguraban que era una iniciativa populista, se dio la aprobación en general, casi por unanimidad.
Sin embargo, el problema surgió cuando se inició el tratamiento en particular (artículo por artículo) del proyecto. El primer punto de discrepancia fue el artículo 2, dado que la normativa original proponía una tarifa nacional y la modificación señalaba solo descuentos. Finalmente se dio luz verde al cambio.
Pero el mayor conflicto se dio en el artículo 4, el cual fija los rangos de reducción en el consumo de los usuarios. El texto de los senadores establecía los descuentos directamente, mientras que la Comisión de Diputados introdujo la preposición “hasta”. Con esta palabra, se permite a la ANDE a hacer el descuento que quiera y no hay una obligación, expresó Celeste Amarilla, quien fue una de las detractoras de los cambios. Por ejemplo, en vez de darse un descuento del 90% para consumos de 1 a 150 kWh/mes (proyecto Senado), se podrá dar un descuento hasta 90% (proyecto Comisión de Diputados).
La legisladora explicó que solo ese pequeño cambio ya hace inviable todo el espíritu de la ley. La empresa estatal podrá aprovechar momentos políticos para dar descuentos a conveniencia, señaló.
Finalmente, la mayoría colorada inclinó la balanza para aprobar la modificación y tras el desenlace, los liberales se abstuvieron de votar los siguientes artículos.
SI BINACIONALES QUIEREN. El artículo 12 de las modificaciones señala que la presente ley entrará en plena vigencia desde el 1 de enero de 2020 previa aprobación y disponibilidad de los recursos por parte de ambas Binacionales para financiar el programa aprobado por la presente ley.
Para los liberales, esto solo hará que la aplicación sea imposible, pues las binacionales nunca aportarán los recursos si es que no hay una obligación para ellas, destacó Édgar Acosta.
La iniciativa original ordenaba la transferencia de USD 150 millones de Itaipú y Yacyretá, dinero que debe venir de los polémicos fondos sociales. Justo Zacarías Irún defendió las modificaciones y aseveró que esos cambios le hacen real al proyecto y factible. La normativa ahora debe volver a Senadores para su revisión.
